Imputan cargos al operador del relleno Doña Juana en Bogotá por daño ambiental y contaminación

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al operador del Relleno Doña Juana - CGR -, por daño ambiental y contaminación causado por no hacer la planta de lixiviados que la ciudad ya le pagó al operador.

La mandataria distrital agradeció los avances en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra de Mauricio Bernal Marcucci, presidente y representante legal del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP.

De acuerdo con López, “ese daño ambiental se deriva del daño patrimonial causado por CGR que se ha quedado con más de $142.000 millones que hemos pagado los bogotanos por la planta de lixiviados, pero que nunca construyó”.

“Confiamos en que la justicia le haga pagar a CGR el daño patrimonial y ambiental”, agregó la alcaldesa de los capitalinos.

En efecto, de acuerdo con la investigación, habría fallas por parte del consorcio en el manejo y disposición de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana, entre ellas, disgregación, compactación y cubrimiento de residuos, así como presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores y malos olores.

En 2017, el organismo investigador abrió este proceso en contra del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP; en 2020 imputó cargos y en 2022 formulo acusación por los delitos mencionados. El próximo 27 de enero se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio con más de 100 testimonios, así como múltiples elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida que podrían derivar en una condena.

En ese sentido, investigadores del CTI detectaron que la cobertura temporal de los residuos sólidos no era óptima y había basuras expuestas, lo que incidía en la presencia de vectores como olores fuertes y ofensivos muy concentrados y de persistencia alta.

“La situación que advierten los profesionales es altamente gravosa para el medio ambiente y los recursos naturales, ya que con este tipo de manejo se aumenta de manera exponencial la producción de lixiviados, así como vectores, los cuales, por la concentración de los residuos sólidos y su ubicación frente al vagón de vientos, es muy fácil que lleguen a las zonas residenciales, las cuales están muy cerca del relleno sanitario”, señala el escrito de acusación.

Vale la pena recordar que, en julio de 2022, la alcaldesa López denunció a los representantes legales del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. (CGR) por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.

Lo que motivó al Distrito a entablar la denuncia fue el incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010, porque, tras casi doce años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta (PTL) y del sistema, esto no se ha hecho, e incluso está en peores condiciones de lo que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.

“CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados en el relleno Doña Juana durante cuatro años”, afirmó en ese entonces la alcaldesa mayor de Bogotá.

Según lo explicó la alcaldesa en su momento, en Bogotá, “los ciudadanos estamos siendo víctimas de corrupción y abusos por CGR. Le hemos pagado durante cuatro años a CGR, la porción de la tarifa que debe usar para pagar una planta de tratamiento de lixiviados para evitar que esos lixiviados lleguen al río Tunjuelo”.

La demanda fue interpuesta por la entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, y fue esta entidad la encargada de defender los derechos de Bogotá ante la justicia.