El debate sobre la preparación de Bogotá frente a un terremoto de gran magnitud tomó un giro particularmente incómodo en el Concejo de la ciudad.
En ese momento, la ciudad tendría que demostrar cuánto de su capacidad de respuesta seguiría en pie y cuánto podría haberse perdido con el propio desastre.
Más allá de calcular cuántas personas podrían resultar afectadas, el concejal Julián Espinosa, del Partido Alianza Verde, puso sobre la mesa una pregunta que apunta directamente a la capacidad real de la administración distrital: ¿qué tan preparada está Bogotá para responder si el propio terremoto golpea simultáneamente la infraestructura, los servicios y a las entidades que deberían atender la emergencia?
La discusión partió de un escenario hipotético elaborado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger): un sismo de magnitud 7.0 asociado a la falla de Fómeque, en Cundinamarca, con una profundidad de 25 kilómetros.
Las cifras del ejercicio son contundentes. El escenario contempla 13.672 personas fallecidas, 124.370 heridas y pérdidas directas en edificaciones cercanas a los $ 38 billones.
Pero hay una precisión fundamental: se trata de una simulación utilizada para estudiar el riesgo y no de una predicción sobre un terremoto que vaya a ocurrir en Bogotá.
Precisamente por eso, Espinosa decidió llevar el debate a otro terreno. La pregunta, según su planteamiento, no debería ser únicamente cuántos recursos tiene actualmente la ciudad, sino cuántos de ellos seguirían disponibles después de que ocurra el desastre.
Sobre el papel, Bogotá cuenta con una importante capacidad para atender emergencias. Durante el debate se mencionaron aproximadamente 1.703 camillas de urgencias, 7.302 capacidades de hospitalización y 301 IPS con servicios de urgencias, cirugía o cuidados intensivos.
Sin embargo, Espinosa pidió establecer cuántas de esas capacidades realmente continuarían funcionando después de un terremoto. La diferencia no es menor.
Un hospital puede tener camas disponibles hoy, pero la situación cambia si la estructura resulta afectada, si pierde energía o agua, si las vías de acceso quedan bloqueadas, si aumenta de manera repentina la demanda o si parte del personal no puede llegar a trabajar.
Lo mismo podría ocurrir con Bomberos, ambulancias, estaciones de emergencia, equipos de rescate y demás organismos encargados de responder.
Por eso, el concejal pidió conocer cuántas personas podría rescatar y atender efectivamente la ciudad a las 6, 12, 24, 48 y 72 horas posteriores a un sismo de gran magnitud.
La preocupación también se extiende a los servicios públicos. Durante la discusión se presentó una estimación según la cual, para un escenario de magnitud 7.0, hasta el 45 % de Bogotá podría quedar sin agua y el 40 % sin electricidad.
De nuevo, estos porcentajes corresponden a una referencia para dimensionar un posible impacto y no a una predicción. Pero sirven para plantear una pregunta difícil: ¿cómo funcionaría una ciudad con miles de personas heridas si simultáneamente falla una parte importante de sus servicios básicos?
Hay otra preocupación: las construcciones
Espinosa también puso la lupa sobre las edificaciones que se están levantando actualmente en Bogotá.
Su argumento es que la ciudad no puede concentrarse únicamente en aprender a atender un desastre cuando ocurra. También debe evitar que nuevas construcciones terminen convirtiéndose en un problema durante una emergencia.
Por ello, preguntó cuántas obras están actualmente en construcción, con qué personal cuentan las alcaldías locales para realizar labores de inspección, vigilancia y control y qué porcentaje de las obras recibe visitas durante su ejecución.
La inquietud cobra relevancia porque la seguridad de una edificación no depende únicamente del resultado final. En el proceso intervienen los diseños, los cálculos estructurales, los estudios geológicos, las licencias, los materiales y la manera como finalmente se ejecuta la obra.
Espinosa incluso puso como ejemplo lo ocurrido tras el reciente terremoto que afectó diferentes regiones del país, cuando el alcalde de Cali, Alejandro Eder, cuestionó por qué algunas edificaciones aparentemente nuevas habían resultado afectadas y planteó la necesidad de evaluarlas.
Para el concejal, esa situación debería servir como advertencia para Bogotá.
¿Y si tampoco funcionan las vías?
La infraestructura tampoco quedó fuera del debate.
Una modelación presentada para un escenario de magnitud 6.8 identificó, entre 959 estructuras de puentes vehiculares analizadas, tres con alta probabilidad de colapso y veinte con alto potencial de daño, además de cinco puentes peatonales.
En una emergencia de gran escala, el problema no sería solamente que algunas estructuras resultaran dañadas. También estaría en cómo llegar hasta quienes necesitan ayuda.
Una vía bloqueada puede retrasar una ambulancia. Un puente afectado puede impedir el ingreso de equipos de rescate. La falta de electricidad puede comprometer hospitales. Y la interrupción de las comunicaciones puede dificultar la coordinación de toda la operación.
El escenario también contempla otro desafío: ¿qué hacer con las personas que pierdan sus viviendas?
Bogotá tiene una capacidad nominal de 298.858 cupos en 96 escenarios para alojamiento temporal. Sin embargo, Espinosa pidió determinar cuántos de estos espacios estarían realmente disponibles, seguros y operativos después de un terremoto y cómo podrían garantizarse allí agua, alimentación, seguridad y atención humanitaria.
Y en un escenario con más de 13.600 fallecidos, también habría que resolver algo que normalmente queda fuera de la conversación: la capacidad funeraria, de refrigeración, identificación y entrega de cuerpos.
La pregunta que queda sobre la mesa
Quizás una de las preguntas más incómodas del debate no tiene que ver con hospitales, puentes o viviendas, sino con quienes tendrían que coordinar todo lo anterior.
¿Qué pasaría si las propias sedes de las entidades, los sistemas de comunicación, la movilidad o incluso los funcionarios encargados de responder también resultaran afectados?
Espinosa pidió información sobre las condiciones de la sede del Idiger, construida antes de la norma de sismorresistencia, así como sobre las sedes alternas, centros de mando y mecanismos disponibles para garantizar la continuidad institucional.
Porque después de un terremoto, Bogotá no tendría el lujo de esperar a que alguien encuentre una solución.
La propuesta que quedó planteada en el Concejo es realizar una prueba distrital de estrés sísmico, que permita cruzar el escenario de afectación con la capacidad residual de cada sistema, los tiempos reales de respuesta y las brechas que podrían existir.