El concejal de Bogotá Nelson Cubides Salazar pidió a la Administración Distrital, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana adoptar medidas para enfrentar los hurtos y las extorsiones contra conductores en la capital. Entre sus propuestas, planteó reforzar la vigilancia en los corredores con mayor incidencia delictiva, fortalecer las labores de inteligencia y establecer controles contra las estructuras que cobran dinero a los transportadores.
Una de las zonas señaladas es la Autopista Norte, especialmente en inmediaciones de las calles 165 y 170, donde se han denunciado atracos cometidos durante los trancones, de acuerdo con la Policía Metropolitana. El 7 de noviembre de 2026, un conductor fue víctima de un robo a la altura de la calle 165. Según las denuncias, dos hombres que simulaban ser vendedores ambulantes se acercaron a los vehículos detenidos por la congestión y aprovecharon para cometer el hurto.
Frente a esta modalidad, Cubides propuso aumentar la presencia policial en los horarios de mayor congestión. También señaló la necesidad de identificar las estructuras que coordinan los robos, comercializan los elementos hurtados y financian estas actividades, en lugar de limitar las acciones a capturar a quienes ejecutan los atracos.
La preocupación está respaldada por las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad. Entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026 fueron hurtados 1.424 automóviles y 2.068 motocicletas en Bogotá, para un total de 3.492 vehículos. En Puente Aranda, por su parte, se reportaron 182 vehículos hurtados hasta octubre, de los cuales 32 fueron robados mediante atraco.
Extorsiones a transportadores
El concejal también pidió medidas para proteger a los conductores de transporte formal e informal frente a las amenazas y los cobros ilegales.
El 2 de noviembre, la Fiscalía informó sobre la judicialización de seis presuntos integrantes de una estructura vinculada al grupo conocido como Satanás, señalada de extorsionar a transportadores informales en Bosa. Según la investigación, los propietarios de vehículos debían entregar 13 millones de pesos mensuales. Entre septiembre de 2023 y junio de 2026, las víctimas habrían pagado más de 270 millones de pesos.
El caso también estaría relacionado con el asesinato de un conductor y su hijo menor de edad, ocurrido el 24 de septiembre de 2023, y con las heridas que sufrió la compañera sentimental del hombre. Según la Fiscalía, el ataque habría sido una retaliación por el incumplimiento de los pagos exigidos.
“Estamos hablando de trabajadores que salen todos los días a buscar el sustento de sus familias y que terminan sometidos a estructuras criminales que pretenden controlar su actividad económica mediante el miedo”, afirmó Cubides Salazar.
El concejal insistió en la necesidad de hacer seguimiento a las políticas distritales y exigir resultados a las autoridades frente a los hechos denunciados.
“Desde el Concejo de Bogotá debemos insistir en el seguimiento a las políticas de seguridad, exigir explicaciones a las autoridades y promover acciones que permitan proteger a quienes diariamente se movilizan por la capital”, agregó.