Dos policías activos quedaron privados de la libertad por decisión de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara de presuntamente exigir $ 5 millones a un ciudadano a cambio de no hacer efectiva una orden de captura en su contra.
Los investigados son el subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, habrían intimidado a un ciudadano con capturarlo por su presunta participación en el delito de receptación.
Según la investigación, los uniformados habrían condicionado la actuación policial al pago de $ 5 millones. La hipótesis de las autoridades señala que, una vez recibido el dinero, los policías presuntamente elaboraron documentos oficiales con información falsa para respaldar una versión diferente de lo ocurrido con un vehículo relacionado con la investigación.
En dichos documentos, según la Fiscalía, se habría consignado que el automotor fue encontrado abandonado. Sin embargo, el vehículo había sido retenido previamente, el 3 de mayo de 2025, circunstancia que habría quedado por fuera de la información consignada en los documentos oficiales.
La investigación avanzó hasta que integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía Nacional, capturaron a los dos uniformados el pasado 10 de septiembre en la estación de policía Los Mangos, en Cali.
Durante las audiencias, un fiscal de la Seccional Cali imputó a Mosquera Rentería y Castro Reina los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados estarían relacionados con el presunto aprovechamiento de sus funciones como integrantes de la Policía para obtener dinero de un ciudadano y luego consignar información que no correspondería con las circunstancias en las que fue retenido el vehículo.
Tras evaluar los elementos presentados durante las audiencias, el juez de control de garantías impuso a los dos policías una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se habrían producido los hechos y determinar las responsabilidades individuales de los dos uniformados, quienes tienen la calidad de procesados y deberán responder ante la justicia por los delitos que les fueron imputados.