La movilidad en el sur de Cali ha sido un tema recurrente en la agenda ciudadana debido a varias intervenciones viales que buscan, según las autoridades, proteger la seguridad pública y el orden, pero que también han generado incomodidad e inconvenientes para los vecinos.
Habitantes del barrio El Caney, en el sur de Cali, han expresado su preocupación y cuestionamientos por un cierre vial que permanece de forma permanente en las inmediaciones de la Estación de Policía El Caney, específicamente en la Calle 48 con Carrera 82A.
En entrevista con El País de Cali, la comunidad asegura que la restricción no cuenta con un concepto técnico vigente que la respalde, lo que ha generado incertidumbre sobre su legalidad y necesidad. “Es inaudito que la autoridad de tránsito ordene abrir la vía por ilegalidad y la orden no se cumpla”, expresó un ciudadano.
El cierre ha generado efectos adversos en la vida diaria de quienes habitan o transitan por el sector. Algunos factores que señalan son: contaminación, congestión y restricciones en el tránsito vehicular y peatonal. “Estamos respirando humo todos los días y nadie nos da una respuesta clara”, agregó el hombre.
Esta situación se ha visto intensificada debido a la situación de permanencia de la barrera vial, que no sería temporal según el relato de los vecinos. Un vocero comunitario consultado por el medio caleño señaló que se “evidencia una desatención institucional que afecta a cientos de ciudadanos. La inspección se realizó en la Carrera 81, cuando el punto crítico es la Carrera 82. Además, se habla de un cierre nocturno de 11 p. m. a 5 a. m., pero lo que vivimos es un bloqueo total de lunes a domingo desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana”.
Este caso llegó a los estrados judiciales a través de una acción de tutela presentada por uno de los ciudadanos contra la Secretaría de Movilidad de Cali y la Secretaría de Seguridad y Justicia. Por medio del documento, el ciudadano solicitaba la reapertura del tramo o la implementación de desvíos alternativos, como por la Avenida Simón Bolívar, y que se dejara sin efecto el cierre por ausencia de sustento técnico.
El proceso fue resuelto por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, que negó la tutela por improcedente. El despacho no evaluó la legalidad o conveniencia del cierre, sino la idoneidad del mecanismo judicial. Determinó que, al tratarse de presuntas afectaciones a derechos colectivos, la vía adecuada es la acción popular y no la tutela. También concluyó que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que exigiera intervención inmediata.
Es decir, el cierre no fue anulado ni avalado expresamente por el juez y continúa vigente mientras no exista una decisión en otro escenario judicial.
Asimismo, el medio de la ciudad consultó con la Policía Nacional, que informó que en ese sector operan la Estación de Policía El Caney y una clínica policial, instalaciones que, según dijeron, cuentan con alertas de riesgo terrorista vigentes, razón por la cual se adoptó la medida preventiva en el área. La cual estaría destinada a proteger tanto a los uniformados como a la comunidad de dichas acciones.
Frente a la posibilidad de levantar la restricción o establecer un plazo definido, la Policía manifestó que, por ahora, se desconoce si tendrá un tiempo estimado.