La denuncia habla de decisiones tomadas después de la liquidación de contratos de operación y pide investigar una serie de posibles delitos. Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar qué ocurrió.
La firma de abogados que liderará el caso puso en conocimiento del ente investigador una serie de hechos que, según sus representados, podrían revelar presuntas irregularidades en la facturación conjunta y el recaudo del servicio público de aseo en la ciudad.
El anuncio fue realizado este 3 de septiembre por Mario Iguarán Abogados Asociados, firma que informó que asumió la representación judicial de Misión Ambiental S. A. E. S. P. y Servi Ambientales Valle S. A. E. S. P.
La denuncia apunta a actuaciones que se habrían producido después de la terminación, el 28 de enero de 2026, de los contratos de operación que vinculaban a EmSirva E. S. P. en liquidación. De acuerdo con el comunicado, desde ese momento el mercado habría retornado al régimen de libre competencia.
Precisamente en ese periodo aparece una de las preguntas centrales del caso: ¿qué ocurrió con el dinero facturado y recaudado por el servicio de aseo después de la terminación de esos contratos?
Según la firma de abogados, las denuncias buscan esclarecer el destino del recaudo facturado durante ese periodo, además del uso de la Unión Temporal SICO después de la terminación de los contratos de operación y determinadas decisiones administrativas y contractuales adoptadas por funcionarios y servidores de EmCali.
El asunto, sin embargo, está lejos de ser una acusación que permita sacar conclusiones anticipadas.
La propia comunicación señala que será exclusivamente la Fiscalía General de la Nación y, eventualmente, los jueces de la República, quienes deberán establecer si existieron conductas punibles y determinar las responsabilidades individuales correspondientes.
La denuncia solicita investigar la posible configuración de delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción y por omisión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública, concierto para delinquir, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático.
Es decir, el expediente planteado ante la Fiscalía no se limita al manejo del dinero. También pone sobre la mesa posibles actuaciones relacionadas con contratos, decisiones administrativas y hasta sistemas informáticos.
El comunicado menciona además una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio, expedida el 22 de mayo de 2026, mediante la cual se decretaron medidas cautelares que limitaron la utilización de la Unión Temporal SICO a asuntos relacionados con la terminación y liquidación de contratos celebrados con EmSirva.
A esto se suman, según la firma denunciante, advertencias de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre riesgos asociados al esquema objeto de controversia.
Ahora la pelota está en el despacho de los investigadores. La representación judicial anunció que solicitará que las actuaciones se adelanten con diligencia y eficacia, pero también bajo las garantías del debido proceso para todas las personas involucradas.
Por ahora, no existe una conclusión judicial que establezca que los delitos denunciados efectivamente hayan ocurrido. Lo que existe es una denuncia que pide investigar qué pasó con la facturación, el recaudo, los contratos y determinadas decisiones alrededor del servicio de aseo en Cali.