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Imputan cargos a exalcalde de Turbaco, Bolívar, por presunta corrupción en su administración; dos exfuncionarios estarían relacionados
La investigación determinó que el primer contrato, al parecer, se ejecutó sin el requisito legal de planeación, ya que el terreno donde se inició la obra no era de propiedad del municipio.
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Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, formuló cargos en contra de Myron Martínez Ramos, exalcalde del municipio de Turbaco (Bolívar), Jairo Doria Ruíz, excontratista.
En el proceso también se vieron involucrado el representante legal de la Asociación Amussim y María Faride Agudelo Marín, exinterventora y representante legal de la Colombia Fraterna, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos investigados acontecieron entre el 19 de marzo y el 18 de junio de 2014, y están relacionados con las presuntas irregularidades en el trámite y la celebración de dos contratos realizados por el exmandatario, con la Asociación Amussim y el otro con Colombia Fraterna, para la construcción de la Unidad Deportiva La Granja 1 que serviría de recreación a los habitantes de Turbaco.
Labores de Policía Judicial permitieron detectar que el primer contrato, al parecer, se ejecutó sin el requisito legal de planeación, ya que el terreno donde se inició la obra no era de propiedad del municipio.
La construcción debió cambiar de lugar, pero para ello necesitaba la aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), entidad encargada de aprobar los proyectos financiados con recursos de regalías municipales, trámite que supuestamente no se hizo.
La obra quedó inconclusa, abandonada y con ello se presentó un detrimento patrimonial de más de 1.300 millones de pesos que se le había anticipado al contratista Doria Ruíz.
El segundo contrato con Colombia Fraterna, que tenía el objeto de realizar la interventoría de esa unidad deportiva, tampoco se habría cumplido, debido a que su representante legal María Faride Agudelo, presuntamente omitió su labor de seguimiento y vigilancia respecto a las alertas y suspensiones de la obra, para la cual la administración municipal le había anticipado 50 millones de pesos.
A prisión exfuncionario de la Gobernación de Bolívar
El exfuncionario de la Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar, Carlos Martín Pérez Venecia, irá a la cárcel durante 10 años, luego de que un juez avalara el material probatorio aportado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena.
Con respecto a la investigación, se conoce que el funcionario, en el ejercicio de sus funciones entre los años 2018 y 2019, proyectó con documentos falsos 13 resoluciones que posteriormente su jefe firmaría, con el fin de aprobar el retiro de cesantías retroactivas a personas que no tenían derecho a la misma.
Dentro de los beneficiados del proceso que adelantó Pérez Venecia, estaban dos funcionarios más de la Secretaría, quienes no estaban cobijados con el régimen de retroactividad, dos pensionados, tres particulares que no tenían vínculos con la gobernación y, por supuesto, el autor material de los hechos.
Por otro lado, también se logró demostrar que estas personas se hicieron de manera irregular con un aproximado de más de 472 millones de pesos, que fue entregado por la administradora de fondos, por los que también se encuentran vinculados a la investigación.
Con las pruebas necesarias, la fiscal del caso consiguió en las audiencias de juicio realizadas, que el exfuncionario aceptara su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Pérez Venecia se encuentra privado de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera, de Cartagena.
Otros casos de corrupción en Cartagena
Como Darwin Javier Cardona Pérez fue identificado el funcionario de la Fiscalía en Bolívar, que fue judicializado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena.
Cardona es acusado de ser responsable en los delitos de abuso de función pública, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad material en documento público agravado.
Los hechos ocurrieron desde el 2016 hasta el 2019, cuando el servidor público, al parecer, abusando de su cargo, realizó funciones que legalmente no le correspondían al interior de varios despachos de la Fiscalía donde laboró.
La presunta corrupción
Dentro de las supuestas irregularidades cometidas por Cardona Pérez, el ente acusador recopiló material de prueba que muestra que, en su calidad de asistente, habría elaborado documentos para entregar vehículos que se encontraban retenidos por delitos culposos, trámite que es exclusivo de los jueces de control de garantías y en algunos casos, excepcionales de los fiscales.
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