Cartagena Beach es un exclusivo edificio ubicado frente al mar que está envuelto en una gran polémica. Los propietarios del inmueble denunciaron una supuesta estafa y posibles cláusulas abusivas, mientras que el constructor se defendió de las acusaciones y respondió que ha actuado legalmente. Se trata de un lujoso inmueble de 16 pisos con 552 apartasuites, que se empezó a comercializar en 2017 y en la publicidad que guardaron los clientes se anticipó que los propietarios tendrían zonas comunes con restaurantes y espacios húmedos.
Las obras
Las obras comenzaron con las compañías G4 S. A. S., Grupo NL Colombia y Proyectos Inmobiliarios y Constructivos, con la garantía de Acción Fiduciaria. Más tarde se sumó a las tareas la constructora DGRD como fideicomitente desarrollador. Aunque ya entregaron el 86 por ciento de las unidades habitacionales, hay fuertes cuestionamientos por el manejo del reglamento de la propiedad horizontal, pues pone en posición dominante al desarrollador.
El abogado John René Barreto Arévalo, representante de varios propietarios, indicó que el desarrollador habría modificado las normas a su conveniencia para imponer su presencia en el consejo de administración y tener protagonismo en las decisiones más importantes del edificio.
En las cinco sillas que hay disponibles en el consejo, ellos ocuparon tres de manera transitoria, pues todavía no hay representantes de las unidades comerciales y los parqueaderos privados. También se creó una norma para que tuvieran un asiento en la junta así solo contaran con la titularidad de una unidad privada. Con la mayoría a su favor, en 2024 modificaron el código, y el contenido de uno de los artículos tiene con preocupación a los vecinos.
“Hicieron una reforma al reglamento de propiedad horizontal en el que, de manera inconsulta con la asamblea general de propietarios, se apropiaron de 334 metros cuadrados de zonas comunales”, dijo el abogado. Se trataría de un restaurante con vista al mar que pensaron que les pertenecía a todos los compradores.
Cuando se presentó por primera vez la escritura con esta modificación ante la Oficina de Registro de Cartagena, un funcionario la rechazó, pues cualquier reforma al reglamento debía pasar por la asamblea general de propietarios y tener una aprobación del 70 por ciento del coeficiente. En una segunda presentación, sin modificaciones a la escritura y sin realizar la asamblea, otro funcionario le dio el visto bueno.
¿Qué responden?
Frente a esta situación, la Superintendencia de Notariado y Registro le respondió a SEMANA que iniciará un proceso de estudio para determinar si hubo un error registral que determine una conducta disciplinaria, al tiempo que da trámite a un recurso de reposición y subsidio de apelación a la escritura.
El vocero de la sociedad que desarrolla el proyecto, el abogado Ramón Arellano Barrios, manifestó que “no hay ni asomo de un engaño o duda sobre las zonas comunes, todas las promocionadas fueron construidas. La actuación del desarrollador siempre ha sido enfocada en cumplir la propuesta de valor a nuestros compradores, tampoco se ha adjudicado ningún área común. Todas las áreas ofrecidas son para el uso y disfrute de los compradores”.
Frente a la modificación del reglamento, el defensor dijo que es normal que se actualice y el desarrollador tenía la viabilidad legal para hacerlo: “Todas las actuaciones de DGRD Inversiones S. A. S. siempre se han realizado en estricto apego a la normatividad vigente para este tipo de proyecto. La mencionada escritura cumplió todos los requisitos legales”.
Este debate pasará a los estrados judiciales para definir el futuro del lujoso condominio ubicado en Cartagena, donde cada unidad costó 293 millones de pesos.