Una preocupante situación se está presentando en la subregión del Catatumbo. Al parecer, por orden del Gobierno nacional, fue retirada la base militar ubicada en el corregimiento de Campo Dos, del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
Esta situación deja en zozobra a la comunidad tibuyana, que en días pasados tuvo la presencia de varios integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda Versalles, donde se tomaron fotos con menores de edad.
Por su parte, SEMANA consultó a Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, quien rechazó esta acción porque estas unidades militares brindaban seguridad en la zona.
“Es muy grave que el gobierno le entregue los territorios a los grupos armados, que operan en esta zona, esto es un gran retroceso en materia de seguridad. La población civil ha quedado desprotegida, al igual que la estación de Policía que se encuentra ubicada en este corregimiento”, señaló el vocero.
Según el defensor, esta no sería la única base militar del departamento que será retirada, “nos han informado fuentes militares que la orden se aplicará para otras bases militares de Norte de Santander que se encuentran ubicadas en corredores estratégicos de rutas del narcotráfico”, puntualizó Villamizar.
Ante esta situación, SEMANA consultó al Ejército Nacional para conocer las causas de este retiro, pero simplemente confirmaron el hecho y aclararon que el proceso se realizó coordinadamente, más no fue tumbada. Por el momento se espera un reporte oficial de lo sucedido.
Lo cierto es que personas desconocidas aprovecharon el retiro, para ingresar al terreno privado y llevarse varias pertenencias que permanecían en el lugar.
Tras la salida de militares de base @COL_EJERCITO en el #Catatumbo, guerrilla ordena invadir terrenos y destruir instalaciones militares. pic.twitter.com/P5V0BI6YFs
— Diego Villamizar (@VillamizarSal) April 10, 2023
Por otro lado, SEMANA conoció en exclusiva el decreto 441 del Ministerio de Defensa Nacional, con fecha del 29 de marzo del 2023, en donde se evidencia que habrá una reducción de 436 suboficiales al terminar el presente año.
“El decreto indica que la decisión se toma, atendiendo la solicitud del Comandante General de las Fuerzas Militares, contenida en la exposición de motivos del 20 de febrero del 2023″, señala el documento conocido en exclusiva por este medio de comunicación.
El decreto de ocho páginas muestra cómo debe ser la planta de personal de las fuerzas armadas hasta diciembre de este año, evidenciando la disminución de 436 suboficiales. Muchos de ellos han participado en las operaciones más peligrosas contra la criminalidad a nivel nacional.
El decreto señala que en dos periodos del año debe haber una reducción de 804 suboficiales y en otro periodo de tiempo debe aumentar en 368, por lo que, según los propios militares, cerca de 436 de sus compañeros quedarían por fuera de la institución. “Nos quieren comenzar a echar como un perro, después de dar todo por la patria”, dijo uno de los uniformados, que ve con preocupación la decisión que se tomó a través del decreto del Ministerio de Defensa.
En el periodo entre marzo a mayo, dice el decreto, debe haber 33.288 suboficiales en el Ejército, pero para el periodo entre junio-agosto la cifra debe ser de 32.832; mientras que para el de septiembre-noviembre, debe ser de 32.852, lo que para los suboficiales implica una reducción de 436 sargentos mayores de comando conjunto, sargentos mayores de comando, sargentos mayores, sargentos primeros, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, cabos primeros, cabos segundos y cabos terceros.
Es de recordar que recientemente el Ejército confirmó que retiró a 748 soldados profesionales, noticia que se conoció en medio de la crisis de orden público que vive el país, como lo han denunciado desde sectores políticos de oposición al gobierno.
Según la institución, la salida de los uniformados se toma porque tienen derecho a pensión y ya cumplieron su tiempo de servicio. Por su parte, los militares denunciaron que el Ejército los sacó de manera abrupta sin hacerles un debido proceso de reintegro a la vida civil.
Diferentes sectores políticos de oposición al Gobierno han señalado que el país se encuentra en crisis de orden público y seguridad ciudadana. Uno de los casos más recientes que generó indignación fue el atentado del ELN, en donde fueron masacrados nueve militares, varios de ellos jóvenes que se encontraban presentado el servicio militar en Norte de Santander.