Antioquia tiene 103 denuncias por invasiones a tierras y minas: así está el panorama

En la Fiscalía hay 103 personas que están reclamando predios en Antioquia producto de una invasión irregular. Los casos se han reportado en las subregiones de Urabá, nordeste y Bajo Cauca. Las autoridades ordenaron activar una mesa especial para hacerle seguimiento a las denuncias y los procedimientos judiciales para recuperar las tierras.

La Secretaría de Seguridad y Justicia del departamento aclaró que están haciendo todos los esfuerzos para contener la expansión de los fenómenos invasores. En esta región del país se tiene el registro de alertas por avasallamiento, invasión y usurpación de terrenos, delitos que pueden llegar a sumar una condena entre cuatro y diez años.

Buena parte de los ciudadanos que se abalanzan sobre las tierras tienen el deseo de construir una vivienda. Sin embargo, otros estarían tomando el asentamiento para comercializar los metros cuadrados como si la propiedad les perteneciera. Aunque este escenario es conocido, la Gobernación reveló otra situación que genera preocupación.

Los títulos mineros estarían siendo alterados por los ilegales en algunas subregiones. Es decir, se tiene el antecedente de que las personas ingresan a las zonas que le fueron legalizadas a alguien para extraer yacimientos a su antojo.

“Perturbación al título minero”, así lo advirtió el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata Quijano.

“Vemos con preocupación cómo en algunas partes del departamento, sobre todo en aquellas donde hay extracción ilícita de yacimientos mineros, hay alteración de títulos o perturbación la propiedad con fines de extracción, en algunos casos con presencia de grupos armados”, comentó el funcionario de la Gobernación de Antioquia.

Con base en el material que se ha recogido producto de las investigaciones judiciales, el papel de las organizaciones delincuenciales sería cobrar altas sumas de dinero para que las minas puedan ser operadas o tomar el control de los socavones para beneficiarse directamente de las ganancias millonarias que deja este trabajo irregular.

En consecuencia, se ordenó crear una mesa de seguimiento quincenal para monitorear los terrenos que han sido invadidos. Ahí se sentarán varias organizaciones que tienen la capacidad de dar cuenta del estado actual del departamento en esa materia. El objetivo principal es atender a tiempo la alteración de orden público que sea reportada.

Una vez Gustavo Petro tomó posesión como presidente el 7 de agosto, 300 personas se asentaron sobre un terreno fiscal del municipio de Remedios, Antioquia. Aunque las hectáreas están protegidas por ser una zona forestal, las familias se plantaron en la tierra justificando una propuesta que le escucharon al mandatario en medio de la campaña.

“Los predios fiscales son de todos y que podían acceder a ellos”, ese fue el argumento que le entregaron los ocupantes irregulares a las unidades de la Policía Nacional que trataron de cerrarles el paso. Incluso, a los uniformados les advirtieron que no podían sacarlos del sitio por la fuerza, a razón de que Petro estaba en contra de eso.

Según la administración municipal, las personas que llegaron al terreno son oriundas de varias subregiones del departamento donde hay altos índices de violencia y venezolanos que han adecuado sus hogares con plásticos. Sin embargo, las condiciones en las que habitan no han sido esclarecidas, porque se niegan a una caracterización.

Esa misma condición se repite en El Bagre. Más de 600 personas armaron sus casas en un predio que le pertenece a la administración local y a un privado. Los habitantes alegan que llegaron a ese terreno, porque estaban necesitados y la tierra no estaban prestando ningún uso: la montaña estaba cubierta de basura y era foco de inseguridad.

Al igual que en Remedios, se rehúsan a soltar la tierra. Lo mismo pasa en el corregimiento El Totumo de Necoclí, donde 180 familias están ubicadas hace más de 30 años sobre una finca que hoy tiene orden de desalojo, emitida por un juez de restitución de tierras. Aunque la Policía ha tratado de ejecutar el procedimiento, la comunidad lo frena con acciones violentas.