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Invasión de tierra en el municipio de El Bagre, Antioquia.
Invasión de tierra en el municipio de El Bagre, Antioquia. | Foto: Juan Diego Mercado.

Antioquia

Invasiones de tierra: así se apoderaron 600 familias de dos terrenos en El Bagre, Antioquia

El Ministerio Público advirtió que no cuenta con las capacidades para garantizar el respeto por los derechos de las personas, en dado caso de que las autoridades tomen la decisión de intervenir el terreno.

18 de septiembre de 2022

En la madrugada del 15 de mayo de 2022 hubo revuelo en el corazón del Bajo Cauca antioqueño: las personas que pagaban arriendo tenían la oportunidad de conseguir casa propia antes de que el sol alumbrara al municipio de El Bagre, ese fue el mensaje que circuló ampliamente por todo el pueblo mientras la gente empezaba a abrir los ojos.

Un grupo de personas convocó a los más pobres para invadir tres terrenos que, ante sus ojos, no tenían dolientes dado que estaban cubiertos de basura y eran foco de inseguridad. A tempranas horas de ese domingo se escuchó una carrera de motos donde el punto de llegada era el barrio Comodatos Arriba. Allá los esperaba un hogar.

600 familias corrieron con la ropa que se pusieron el día anterior para acaparar 35 metros cuadrados de la tierra. Con machetes le quitaron la maleza a la montaña y con una cuerda delimitaron la zona donde iban a alzar su residencia. Mientras que con plásticos improvisaron un techo y con estopas una alfombra donde estuvieron los primeros días.

Con el paso de los minutos fueron apareciendo los propietarios de las hectáreas. La primera en reclamar su partida fue la Alcaldía, quien 24 horas antes instaló a un grupo de topógrafos sobre el terreno con el fin de realizar los primeros estudios para construir un proyecto deportivo. Luego llegaron dos privados que denunciaron el atropello.

De acuerdo con los cálculos de la administración municipal, cerca de 1.636 personas se asentaron en los predios. Desde entonces un porcentaje pequeño abandonó la invasión ante la incertidumbre de no alcanzar la titularidad de una tierra que no les pertenece. Otros se han mantenido en el pie de lucha de manera pacífica para lograr un milagro.

Los ultimátum de la intervención de la fuerza pública no los han hecho temblar. Al contrario, se unieron en un solo bando para hacerles contrapeso a los que han llegado a reclamar: bautizaron la invasión con el nombre del 15 de Mayo, crearon una junta barrial y se enfilaron con el fin de abrir las vías públicas.

Ante las súplicas de una familia para que le desocuparan su tierra, decidieron reubicar los hogares que se instalaron en el terreno privado. Ahora la confrontación está con la Alcaldía que se niega a ceder sus tierras y el otro propietario que todos los días llega a las oficinas de las autoridades locales suplicando la imposición de un desalojo del espacio.

Mientras se barajean las posibilidades jurídicas con el fin de hacer respetar las propiedades, algunas personas aprovechan el descuido para comercializar cada rancho a 500 mil pesos e instalan la corriente de energía de manera irregular desde los postes de la carretera central con el propósito de dotar la invasión de electrodomésticos.

Algunas familias se han dado el lujo de invertir más de cinco millones de pesos en las adecuaciones. En ciertos sectores forraron las casas de madera y plásticos, aunque las fuertes lluvias no tienen piedad de ellos cuando se descargan. Adultos mayores y menores de edad están bajo el sol y el agua a la espera de una escritura que les oficialice la odisea.

Esa es la esperanza que tiene Elizabeth Mosquera Córdoba. Ella fue una de las primeras personas que llegó al 15 de Mayo. Cargó con sus cuatro hijos y su compañero sentimental. “Acá nos mantenemos porque, si Dios quiere, esto no los van a entregar. Nosotros no estamos pidiendo casa, estamos pidiendo una tierrita para construir nuestra casa”, dijo.

Aunque son más los riesgos que están corriendo a razón de que en la zona no hay servicio de agua potable y alcantarillado. Además, la invasión está ubicada sobre el corredor por donde se mueve el Clan del Golfo y los Caparros, enfrentados por el control de las rentas criminales. Con una bandera blanca buscan el respeto de la vida de los ocupantes.

Ahora bien, el reclamo vincula directamente a la Casa de Nariño: “Le hacemos el recorderis al presidente todo lo que dijo en campaña. Así como nosotros nos sudamos la camiseta por él, que así mismo Petro se sude la camiseta por los que necesitamos una vivienda”, concluyó Tais Rodríguez, vocera de la comunidad.