Un grupo de turistas que practicaban rafting en San Luis, Antioquia, se encontraron con un inesperado obstáculo en plena ruta.
Se trató de un peligroso alambre de púas atravesado de orilla a orilla del río.
El episodio fue registrado el pasado 12 de octubre y derivó en una serie de denuncias por presuntos cobros.
Un alambre de púas atravesó el río Samaná
El caso ocurrió en la desembocadura de la quebrada La Tebaida al río Samaná Norte, en jurisdicción de San Luis, en el oriente antioqueño.
Según las denuncias conocidas por medios locales, varias personas que se identificaron como propietarias de un predio cercano instalaron el cerramiento y también obstaculizaron el acceso a los charcos El Charcón y El Cajón.
La situación generó preocupación por el peligro que representaban las puntas metálicas para quienes navegaban por el afluente.
Los turistas y sus guías denunciaron, además, que fueron intimidados cuando reclamaron por la instalación.
De acuerdo con los reportes de El Colombiano, la barrera habría sido utilizada para intentar condicionar el paso de los visitantes mediante el cobro de una especie de ‘peaje’.
Arnulfo Berrío, integrante de la Red Local Turismo de San Luis y líder ambiental y social del municipio, denunció que la situación llegó a un intento de conciliación después de que se presentara una querella.
En ese escenario, según su relato, los particulares habrían pretendido cobrar hasta $150 millones.
“Ni en Cien años de soledad se atrevieron a tanto”, expresó Berrío, en una declaración recogida por el medio en mención.
El líder también manifestó su preocupación por las consecuencias que un episodio de este tipo puede tener para una actividad turística que, según explicó, viene creciendo en el municipio después de la pandemia.
¿Qué han dicho las autoridades?
Tras conocerse las denuncias, la Alcaldía de San Luis hizo una visita al lugar con acompañamiento del Ejército y la Policía.
Durante la verificación, los funcionarios encontraron que el alambre había sido retirado y notificaron una orden de policía para los responsables y así evitar que se repitiera el cierre.
El caso dejó sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los turistas y el acceso a los atractivos naturales de San Luis.
La administración municipal también señaló que el acceso al charco El Cajón no debía permanecer cerrado.
La intervención buscó impedir que se mantuvieran obstáculos que afectaran el paso hacia estos espacios naturales.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) anunció verificaciones para establecer si la instalación del cerco incumplió las normas ambientales.
Además, si los responsables contaban con los permisos exigibles para intervenir zonas asociadas al cauce.
El Concejo Municipal de San Luis y Cornare recordaron que las aguas que fluyen por cauces naturales son, por regla general, bienes de uso público, de acuerdo con la normativa colombiana.
La propiedad de un terreno colindante no convierte automáticamente el río en un bien privado.