La defensa del exfuncionario de la alcaldía de Daniel Quintero, Álvaro Villada, recusó formalmente al juez 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en el proceso que se adelanta por presuntas irregularidades en el manejo del Parque de las Aguas, operado por Metroparques.
El abogado Gustavo Moreno y la defensa de Álvaro Villada recusaron a la juez 38 de Control de Garantías de Medellín en el caso Parque de las Aguas–Metroparques. Alegan afectación a la imparcialidad por decisiones previas y cuestionan el rol de la testigo clave.… pic.twitter.com/0IXM6uUVlH
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 2, 2026
La solicitud fue presentada por el abogado Kevin Alejandro Giraldo Camacho, quien argumenta una afectación directa a la garantía de imparcialidad judicial.
Según la defensa en la motivación de la recusación, la jueza ya habría intervenido de manera sustancial en el mismo expediente al avalar el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a quien sería la testigo principal de cargo, Laura Mejía Higuita.
La defensa sostiene que en esa decisión la funcionaria realizó una valoración previa de elementos materiales probatorios que las defensas no han podido conocer ni controvertir plenamente, lo que, a su juicio, compromete la objetividad exigida en esta etapa procesal.
El equipo jurídico advierte además que la testigo, pese a haber confesado delitos, actualmente trabaja en la Contraloría General de Antioquia, circunstancia que, según afirma, podría permitirle acceso a información sensible relacionada con el caso.
Este hecho, indicó la defensa, será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se evalúe si existe riesgo de interferencia, filtración o manipulación de datos.
Otro de los puntos que llama la atención de los abogados es que, pese a que en Medellín existen más de cincuenta jueces con función de control de garantías, el proceso haya recaído nuevamente en el mismo despacho que ya había estudiado aspectos estructurales del caso.
Para la defensa, esta coincidencia afecta la apariencia de independencia y obliga a proteger el principio del juez natural como eje del debido proceso.
Finalmente, el equipo jurídico reiteró que activará todos los mecanismos legales necesarios para salvaguardar el derecho a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el pleno ejercicio del derecho de defensa, insistiendo en que el proceso debe desarrollarse estrictamente bajo los parámetros constitucionales y legales.
