En la noche del pasado viernes, 27 de marzo, el Gobierno nacional anunció un acuerdo con el comité minero, con lo cual lograron levantar el paro del sector en el Bajo Cauca antioqueño, que se extendió por más de dos semanas.

Las protestas de este paro minero derivaron durante varios días en la alteración del orden público en la región, tras presentarse bloqueos, ataques a la Fuerza Pública e incendios en algunas vías del departamento.
Esto motivó la puesta en marcha de una mesa de diálogo entre las autoridades y los representantes del sector, quienes finalmente lograron llegar a acuerdos concretos para superar las manifestaciones.
Voceros del comité minero confirmaron que los acuerdos giran en torno a la actividad extractiva y la organización en la región, por lo cual hicieron un llamado a la comunidad del Bajo Cauca para frenar los bloqueos.
¡Tenemos acuerdo! 🤝
— Minenergía (@MinEnergiaCo) March 28, 2026
Se levanta el paro minero del Bajo Cauca antioqueño. Triunfó el diálogo y no la violencia. Ganaron los pequeños mineros y la protección de nuestros recursos naturales.
Este acuerdo, liderado por el @MinEnergiaCo y entidades del Gobierno nacional, deja… pic.twitter.com/YoMhwpxshh
El acuerdo dejó resultados concretos en temas como identificación, delimitación y asignación efectiva de áreas con potencial minero, revisión de títulos inactivos, subutilizados o que no cumplen función social, y la implementación de instrumentos jurídicos.
El primer punto del acuerdo se refiere al compromiso adquirido por la Agencia Nacional de Minería, para definir —en un plazo de un mes— sobre la responsabilidad estatal en el acceso a la tierra, en el cual se respetó el compromiso para identificar, delimitar y asignar estas áreas.
“La Agencia Nacional de Minería se compromete, en el término de un mes, a allegar un informe detallado sobre la lista de títulos mineros, el tipo de título, el estado del mismo, el informe de fiscalización y el cumplimiento de obligaciones derivadas del título”, se lee en el documento.

El segundo acuerdo está relacionado con la inclusión financiera y el acceso al sistema bancario por parte de los mineros, para lo cual el Gobierno nacional se comprometió, bajo la coordinación del Viceministerio para el Diálogo Social del Ministerio del Interior, a convocar una mesa técnica interinstitucional con la Superintendencia Financiera y el Banco Agrario.
El objetivo es que este espacio se adelante el próximo 13 de abril de 2026 en la ciudad de Bogotá, con la presencia de máximo diez representantes de la mesa minera, con el fin de integrar estrategias de fortalecimiento a la asociatividad y el cooperativismo.
En el tercer punto, el Gobierno se comprometió a desplegar un equipo técnico interdisciplinario, a través de una acción coordinada entre las dirección de Formalización del MMW y la ANM, para asesoras a los mineros.
La idea es que se tengan tres rutas: “Titulación en áreas libres, procesos de mediación en zonas ya otorgadas y la suscripción de contratos de concesión diferencial en zonas de reserva con potencial, acciones que serán coordinadas con la mea minera”.

El cuarto acuerdo quedó a cargo de Corantioquia y el Ministerio de Ambiente, para liderar una mesa técnica para consolidar la información ambiental que le permita considerar la liberación de cerca de 75.759 hectáreas para el desarrollo sostenible en los municipios de Cáceres, Anorí, Tarazá y Zaragoza.
En el quinto acuerdo se resalta el compromiso de la mesa minera a remitir los polígonos o coordenadas donde se ubican los mineros que pueden ser objeto de formalización. Este trabajo debe ser presentado el próximo 20 de abril. Por su parte, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería realizarán el análisis de viabilidad de estas áreas hasta el 29 de mayo.
“El Gobierno acepta la solicitud de la mesa minera sobre la unificación del proceso de sustracción y el licenciamiento ambiental como medida diferencial para la pequeña minería en ejercicio de los principios de eficiencia y economía de la función administrativa, la garantía de derechos y el desarrollo sostenible”, se lee en el sexto acuerdo.
Finalmente, la mesa minera se comprometió con el Gobierno nacional a iniciar un proceso de concertación con los titulares mineros o en su defecto a desmantelar dragas y dragones.

Allí se estipularon los siguientes puntos:
- Los mineros interesados se comprometen, en 15 días (a partir de la firma de este acuerdo), a parquear en los lugares acordados con la Fuerza Pública, los equipos mecanizados, para iniciar procesos de concertación con titulares o desmantelamiento. El martes 31 de marzo 2026, se definen los puntos de parqueo. La reunión se realizará de manera virtual entre la Mesa Minera y el Ministerio de Defensa Nacional.
- Los equipos mecanizados deberán interrumpir su operación inmediata y total, parqueándolos en el lugar concertado con la Policía, con el propósito de que esta pueda realizar un verdadero control y monitoreo del desmantelamiento o parqueo.
- Los interesados en iniciar un proceso de concertación con el titular deberán manifestar su interés a través de correo electrónico al director de Formalización Minera, del Ministerio de Minas y Energía y al director de Seguridad Pública del Ministerio de Defensa (en un tiempo no mayor a quince días a partir de la firma del presente acuerdo), el interés de establecer un contrato de operación con el titular correspondiente. De lo contrario, deberá proceder a su desmantelamiento. Además, las dragas y los dragones que sean encontrados por fuera de los puntos definidos por la Policía serán destruidas.
- El propietario tendrá un tiempo no mayor a cuatro meses para desarrollar el proceso de desmantelamiento voluntario del equipo mecanizado. Si se supera este tiempo, la maquinaria será destruida.
- Para los que iniciaren un proceso de concertación con el titular correspondiente, el proceso de desmantelamiento dependerá de la materialización del acuerdo entre las partes. De no lograrse este, el propietario tendrá cuatro meses para desmantelar la draga o dragón, a partir de la no materialización del acuerdo.
