El 3 de marzo, la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, que agrupa a unos 4.400 mineros del oro, anunció lo que cada año parece inevitable: un nuevo paro en esa región. La masiva movilización minera y el bloqueo de vías fueron desatados por un operativo de las autoridades contra las afectaciones ambientales en los ríos de la zona, donde fue destruida maquinaria para la explotación del mineral.
Los mineros salieron a las calles el martes 16 de marzo y sumaron a sus peticiones incumplimientos de promesas que les hizo el Gobierno Petro. Rechazan la destrucción de maquinaria minera, la supuesta “criminalización de los mineros tradicionales por parte de las autoridades, la falta de avances reales en la formalización y la exclusión del gremio en decisiones sobre el territorio”.
Bloquearon la vía que del municipio de Montelíbano conduce a Puerto Libertador, a la altura de la ye que conecta a Cerro Matoso; también, el corredor vial entre Caucasia y Cáceres, en el sector de Guarumo.
Ese eje vial, según le dijo Luis Eduardo Martínez, general (r) de la Policía y secretario de Seguridad de Antioquia, a SEMANA, afecta a todo el país. “Impacta a todo el territorio nacional, porque esa troncal de occidente une a diferentes partes del territorio con la costa atlántica. Convergen los que vienen del sur, del occidente, del nordeste antioqueño, todo hacia la costa atlántica. Eso impacta económicamente a todo el país”, reiteró.
“Respetamos el cumplimiento de la Constitución y los organismos internacionales. Cumpliremos con las vías de evacuaciones de rutas de suministros mínimos, también como esas vías de acceso de carácter obligatorio urgente”, manifestó Giovan Esteban Pamplona, asesor jurídico de la mesa minera. Sin embargo, poco de eso se ha visto. Las autoridades han reportado la quema de vehículos de carga, saqueos al comercio y, por ejemplo, en el municipio de El Bagre, uno de los seis del Bajo Cauca, decretaron el toque de queda. Este territorio, que se une a una gran zona minera entre Antioquia, sur de Córdoba, Bolívar y nordeste antioqueño, de donde, según expertos, sale el 30 por ciento del oro legal que se explota en el país, fue declarado distrito minero.
El 18 de octubre de 2024, tras el paro de más de un mes que se realizó en marzo de 2023, el Gobierno nacional celebró la delimitación del primer distrito minero en el Bajo Cauca antioqueño, que denominó “para la vida y la paz del país”.
Se realizaron 44 jornadas de diálogo, participaron más de 22 entidades en los seis municipios del Bajo Cauca y definieron como objetivo la formalización minera, la necesidad de fomentar el diálogo social con las comunidades mineras, pesqueras, agrícolas, étnicas, campesinas y defensoras de los derechos humanos.
Pero expertos consultados por SEMANA señalaron que eso está destinado al fracaso. “Los campesinos quieren sembrar, pero los mineros no dejan porque necesitan esa tierra para explotar el oro. Los pescadores quieren sus faenas, pero los mineros siembran sus dragones (dragas) de más de 5.000 millones de pesos en el río. Así va a ser muy difícil”, dijo uno de ellos.
Eso sin contar con la fuerte presencia de grupos armados en la zona, principalmente el Clan del Golfo. Un panorama complejo.