Indignante: las disidencias de las Farc están haciendo un ‘casting’ para darles su visto bueno a candidatos a alcaldías en Antioquia y Cauca

Las disidencias de las Farc armaron un casting para seleccionar a las personas que deben ir en el tarjetón electoral con el fin de competir por algunas alcaldías de Colombia. Así quedó en evidencia en una denuncia presentada ante la Fiscalía y en testimonios recogidos por SEMANA. Hay alerta por la seguridad de las campañas políticas y los comicios de octubre. Como en los viejos tiempos, el programa de la guerrilla fue rebautizado como el “aval del monte”.

En los rincones de la selva, evalúan las hojas de vida de los competidores y miden cuál de todos podría cuidarles la espalda, en caso de que lleguen al poder. Desde la clandestinidad, les aseguran el triunfo y les dan garantías para promocionar sus nombres.

Para medirles la lealtad, someten a los políticos a exigencias millonarias y a otros retos que van en contra de la ley. La “garantía electoral” impuesta por la delincuencia es el silencio y se cobra con vidas.

Entre tanto, la reposición de los votos la tiene que costear el ganador por 48 meses: brindarles seguridad y tener la cartera abierta para las disidencias.

Según la Registraduría, al menos 92 municipios del país tienen alto riesgo para las elecciones regionales, a raíz de la presencia de estructuras ilegales. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo advirtió que en 706 localidades del territorio nacional hay algún tipo de peligro para ejercer liderazgos; es decir, en las dos terceras partes de Colombia.

¿Quién es el ganador?

Un hombre que quería participar en la contienda en un pueblo de Antioquia, cuya identidad solicitó omitir por motivos de seguridad, entregó detalles de la operación electoral que adelanta el frente 36 de las disidencias de las Farc para asegurar su permanencia en el norte del departamento, donde abundan los homicidios, las amenazas y los desplazamientos.

Cuando apenas estaba buscando un partido político que avalara su candidatura, recibió el primer ultimátum: “Hay que pedir permiso”. Él debía convencer a la guerrilla para hacer oficial sus aspiraciones. Con el fin de acceder a la baraja de postulantes, le exigieron 100 millones de pesos. Cuando la competencia se apretó, la extorsión se multiplicó por cinco.

En el puntaje, sumaba números extra el que llegara más rápido con la plata. Más tarde, tenían que someterse a un pacto: “Garantice que nos va a dar estadía y no nos va a atacar”, afirmaron las disidencias. Con todo esto, ya adquirían la bendición de la organización para pedir un cupo en un partido político y acudir a la Registraduría.

La pesadilla apenas comienza. Entre las normas del “aval del monte”, la guerrilla les aseguró que no pueden criticar la gestión del alcalde de turno de sus municipios porque enfrentarían un castigo: “Estar amarrados a un palo durante un día completo y pagar 20 millones de pesos”, reveló una de las fuentes consultadas por SEMANA.

En el departamento del Cauca, el panorama es similar al que ocurre en Antioquia. Las disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez deciden a dedo quién puede hacer proselitismo en la zona rural. Los candidatos ya están advertidos de que no se trata de un juego, sino de amenazas reales. Hace cuatro años, en 2019, la estructura Jaime Martínez masacró a la candidata Karina García, quien aspiraba a la Alcaldía de Suárez, norte del Cauca. En el hecho también fueron asesinadas siete personas pertenecientes al equipo de la joven política. Su asesinato, se conoció tiempo después, fue por no acceder a las peticiones de alias Mayimbú, cabecilla en ese momento de la columna disidente.

¿Y los electores?

Ahora bien, las disidencias de las Farc les asegurarían los votos a los candidatos por medio de las juntas de acción comunal de las veredas. En el caso particular del grupo que comanda alias Iván Mordisco, la fuerza pública tiene información de que la población civil estaría siendo censada y carnetizada a pocos meses de “la cita con la democracia”.

Es decir, se sospecha que tienen conocimiento de sus identidades, los números de contacto y la ubicación de sus residencias, donde estarían intimidándolos con el propósito de cumplir sus objetivos: nombrar alcalde a la persona que supere todas las pruebas del casting, que está siendo investigado por las autoridades judiciales.

Con base en los testimonios recogidos, el control se tramitaría con los líderes comunales, dado que gozan del respaldo de los habitantes. Quien se ha negado a patrocinar el proyecto político ha sido sentenciado a la muerte y, en otros casos, se le ha cumplido. Indepaz ha contabilizado el asesinato de 22 miembros de juntas en lo que va de 2023.

Un mandatario local de Antioquia que está amenazado por la estructura criminal contó en SEMANA que, sin llegar el día de las votaciones, en algunos lugares del departamento ya se tienen los resultados producto del “aval del monte”: “Ellos (las disidencias de las Farc) ya hicieron las elecciones previas y escogieron a la persona que gobernará”.

Las alertas

Este escenario no es desconocido para el gobernador Aníbal Gaviria Correa, quien ha cuestionado el actuar de los ilegales. Él informó que los grupos armados han hecho públicas las amenazas contra candidatos y electores en el país, por lo que el Estado debe ajustar los protocolos para que las elecciones puedan transcurrir con total normalidad.

En esta región de Colombia, el poder de las disidencias de las Farc se mide con dos episodios recientes denunciados por la fuerza pública. En primer lugar, obligaron a marchar a cientos de campesinos a favor de la ‘paz total’ y exigieron la expulsión de una tropa del Ejército Nacional que pretendía retomar el control del orden en Briceño.

Mientras tanto, en Ituango fijaron fronteras invisibles y aumentaron las intimidaciones contra los líderes que han alertado sobre la violación de derechos humanos. El alcalde de este municipio, Mauricio Mira –declarado objetivo militar por la organización–, advirtió que, de continuar esta situación, menos del 50 por ciento de la población irá a las urnas.

“Yo veo mucha pasividad del Gobierno. Reclamamos más pie de fuerza. Esto no nos da la ‘paz total’ que requiere, pero sí la seguridad que quiere el campesino, que, de seguir así, no irá a las mesas de votación”, afirmó el mandatario, quien se negó a pagar una millonaria extorsión cuando estuvo participando en la contienda electoral.

El plan del Gobierno

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que la obligación y compromiso que tiene el Gobierno es ir hasta el último sitio para que los colombianos puedan tener unas elecciones tranquilas y en paz, ante los problemas de orden público que azotan a las regiones. Con el Plan Democracia andando, espera cubrir los 120.000 centros de votación.

El funcionario no solo ve como un problema que los actores armados constituyan una amenaza para las elecciones, sino también los dineros que circulan sin explicación por esta época: “Algunos partidos han venido hablando de la indebida injerencia de recursos a la hora de definir el proceso electoral. Tenemos cómo identificar esos movimientos”.