Una denuncia de alto impacto vuelve a poner bajo la lupa una de las zonas más oscuras del conflicto armado: en fosas comunes dispersas por todo el país podrían estar los restos de al menos 8.200 policías y militares desaparecidos.
La alerta fue lanzada por la Fundación de Víctimas de Desaparición Forzada y Secuestro, Funvides, que asegura haber documentado durante años 6.500 casos de militares y 1.700 de policías víctimas de desaparición forzada. Se trata, según la organización, de registros incluidos en el sistema oficial, pero que no han tenido una respuesta efectiva en términos de búsqueda.
“Entregamos el primer informe en 2018 y a la fecha hemos presentado nueve documentos. Allí están consignados 6.500 casos de militares y 1.700 de policías desaparecidos”, explicó Antonio José Ochoa Peralta.
Según este abogado, el problema no es la falta de información, sino la ausencia de acciones concretas para ubicar a las víctimas. Detrás de las cifras hay historias que siguen abiertas. Una de ellas es la de John Gebel Mahecha, cuyo rastro se perdió el 9 de julio de 1999 en la antigua zona de distensión durante el gobierno de Andrés Pastrana. El militar apareció en videos de noticieros nacionales en poder del bloque Sur de las Farc, en los que admitía haber sido capturado mientras realizaba labores de inteligencia.
En esas imágenes, difundidas por medios como NTC y Noticias Caracol, se le observa visiblemente nervioso, bajo la vigilancia de guerrilleros. En ese momento, el entonces comandante insurgente alias Fabián Ramírez aseguró que podría ser incluido en un eventual intercambio de secuestrados, pero eso nunca ocurrió. John Gebel no volvió a aparecer.
El caso tomó un giro aún más desconcertante cuando, años después, se conoció que el joven había sido diagnosticado con trastornos psiquiátricos tras prestar servicio militar en 1989. Pese a ese antecedente, una década después apareció en una zona controlada por la guerrilla, sin que hasta hoy se haya esclarecido quién lo reclutó o cómo llegó allí. Tampoco figuró en listados oficiales de secuestrados.
“Le pido a alias Fabián Ramírez que, así como lo mostró la primera vez, nos lo muestre ahora. ¿Cómo esperan que el país les crea si no responden por los secuestrados?”, reclamó en 2012 su hermana, Lilian Mahecha. Catorce años después, la familia sigue sin respuestas.
Mientras entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz han reportado la búsqueda de 546 integrantes de la fuerza pública desaparecidos, Funvides insiste en que hay miles de casos adicionales que no han sido reconocidos.
La diferencia, según la fundación, radica en que muchos uniformados fueron reportados como desertores. “Eran militares que salían de permiso, vestidos de civil, y en el camino eran interceptados y secuestrados. Como no regresaban, el Ejército los registraba como ausentes”, explicó el director.
Pese a que la JEP ha solicitado información a la fundación para avanzar en las investigaciones, las víctimas mantienen reservas. “No tienen esperanza en las instituciones actuales, pero sí esperan que el próximo Gobierno implemente un programa serio de búsqueda, con exhumaciones y pruebas de ADN”, aseguró Ochoa.
Funvides afirma, incluso, tener ubicaciones concretas de al menos 48 desaparecidos. “Sabemos dónde están. Tenemos información de terreno en regiones como Santander, Boyacá, Meta y Antioquia, pero no se han adelantado acciones suficientes”, indicó.
El universo de víctimas del conflicto en la fuerza pública es aún mayor. Entre 1985 y 2016 se documentaron más de 571.000 hechos victimizantes que afectaron a más de 546.000 miembros y sus familias. De estos, más de 433.000 corresponden a desplazamiento forzado y cerca de 54.000 a homicidios.
Miles de familias siguen esperando una respuesta sobre sus desaparecidos.