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Luis Alfredo Ramos pasó la segunda noche de su condena en un batallón de Antioquia

El político fue condenado a 95 meses de cárcel por parapolítica, por orden de la Corte Suprema de Justicia.


El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, ajusta más de 48 horas en poder de las autoridades luego de que se entregara para cumplir la condena de siete años y once meses de prisión por parapolítica que le impuso la Corte Suprema de Justicia. En este momento se encuentra recluido en un batallón de Rionegro.

El condenado se presentó el pasado martes 5 de julio a la estación de Policía del exclusivo municipio de El Retiro, ubicado en el oriente antioqueño, con el fin de hacerle frente a la relación que tuvo con los grupos ilegales en el marco de las campañas políticas que lo llevaron al Congreso y a la Gobernación.

La primera noche la pasó en esta localidad mientras se legalizaba su captura en el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a razón de que la disposición estaba bajo el poder de ese tribunal. Luego de surtir este proceso, el juez le pidió al Inpec que lo ubicara en un centro penitenciario.

Con la boleta de encarcelación en mano, la Dirección Regional Nordeste del Inpec lo situó en el batallón Juan del Corral de la Séptima División del Ejército Nacional, localizado en cercanías a la autopista Medellín-Bogotá, en la jurisdicción de la localidad de Rionegro.

Mientras hacía estruendo en los medios de comunicación la noticia de la entrega del hombre, que también estuvo a cargo de la presidencia del Senado, las autoridades lo trasladaron por las carreteras del oriente antioqueño hasta llegar a un casino militar.

SEMANA conoció que el exgobernador contará con las comodidades propias del sitio donde se hospedan los oficiales de la institución. Además, las 24 horas del día será custodiado por tres hombres del Ejército.

Por otro lado, el Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá trasladará en las próximas horas el proceso a un tribunal de Medellín, donde tendrá la obligación de vigilar el cumplimiento de la condena de Luis Alfredo Ramos.

El proceso

El pasado 20 de abril, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 95 meses de prisión (7 años y 11 meses) contra el exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.

En el fallo, citando varias declaraciones de exparamilitares que hicieron parte de los bloques Cacique Nutibara, Minero, Metro, Bananeros, Elmer Cárdenas, Central Bolívar y el Frente Cacique Pipintá, la Corte señaló que desde el Congreso buscó que la Ley de Justicia y Paz (la cual se creó en el proceso de desmovilización de los paramilitares) fuera “más benévola para los aludidos grupos ilegales, como se discutió en el Legislativo para el año 2005. En ese orden, es claro que asistió conscientemente a la reunión de Bellanita, pese a no contar con autorización legal del Gobierno nacional para adelantar acercamientos, diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley”.

Según la sentencia, el exgobernador Ramos recibió dinero del asesinado excomandante del bloque Centauros, Miguel Arroyave. Y se menciona una reunión de finales de 2000, en Medellín, en el centro comercial Obelisco, en la que también habría participado alias Jota, del Bloque Metro. “No se trató en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales”, advirtió la Sala Penal.

A Ramos, según señala la Corte, se le atribuyeron cinco circunstancias concretas: “relaciones con el Bloque Metro y el Cartel de la gasolina, de los cuales recibió apoyo; contactos directos con Carlos y Vicente Castaño y entrega de dineros por parte de estos; aportes de Sierra Ramírez a la campaña de 2002; apoyo económico entre 2000 y 2001 por parte de Miguel Arroyave, y la reunión celebrada en los primeros meses de 2005 en la finca Bellanita”.