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Imagen de referencia de Alto Baudó, Chocó.
Imagen de referencia de Alto Baudó, Chocó. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Alto Buadó.

Chocó

Matanza en Chocó dejó siete personas sin vida hace 26 días: los cadáveres siguen tirados sobre una montaña

Combates entre el ELN y Clan del Golfo dejaron siete muertos en Alto Baudó, los cadáveres se descomponen ante el clamor de las comunidades para ser evacuados de la zona.

14 de diciembre de 2022

Las comunidades indígenas del Chocó denunciaron que los cadáveres de siete personas que murieron en combates entre organizaciones delincuenciales el 18 de noviembre no han sido inspeccionados por las autoridades judiciales. Los cuerpos siguen tendidos sobre las montañas donde fueron asesinados, en su mayoría, con armas de fuego.

Esa información fue confirmada por el alcalde del municipio de Alto Baudó, Ulises Palacios Palacios, zona donde ocurrió la masacre que protagonizaron los bandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los brazos armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hace llamar el grupo que comandó alias Otoniel.

La lucha por el control territorial desató la furia de las dos organizaciones: rutas, minería y cocaína. Las balas se lanzaron ese viernes en medio de los resguardos indígenas de esta localidad del Chocó, quienes están sometidos desde hace más de un año a confinamientos extensos por las intimidaciones de los actores armados que delinquen en el territorio.

Aunque tradicionalmente los habitantes de la zona rural de este departamento se han tomado el atrevimiento de sepultar a los muertos, hoy hay temor de agarrar los cadáveres a razón de que el grupo contrario del difunto los califica de colaboradores. Sobre la mesa también hay otras aterradoras preocupaciones por las que los civiles no los evacúan.

“Los indígenas no se atreven a tocar los cuerpos porque los actores armados dejan trampas dentro de ellos. Es decir, artefactos explosivos que podrían detonar cuando sean tocados. Eso ha ocurrido en esta zona, no es un cuento nuevo, así suene impactante. Nosotros estamos olvidados”, mencionó el mandatario en conversación con SEMANA.

A la zona tampoco se atreven a ingresar las unidades de la Fiscalía General de la Nación y la Cruz Roja dado que las condiciones de seguridad no están dadas. Constantemente las organizaciones delincuenciales se están lanzando balas, frenando la movilidad de los habitantes a través de toques de queda e imponiendo otra clase de normas.

El alcalde advirtió que, una vez las organizaciones de indígenas informaron sobre la masacre, se encargó de encender las alarmas para que los investigadores del ente de acusación llegaran o que el Ministerio Público pudiera intervenir para cesar la violencia y así poder sacar los cadáveres con el propósito entregarlos a sus seres queridos.

Aunque el Ejército Nacional se mantiene en la zona, el terreno no estaría asegurado para la intervención de las autoridades judiciales. Entre tantas complicaciones que se mantienen en el municipio de Alto Baudó, los caminos están repletos de artefactos explosivos que solo los saben esquivar los delincuentes que los instalan.

“Yo me encargué de llamar, pero la situación está complicada. Yo vi la foto de un solo muerto que se está descomponiendo por esa situación del 18 de noviembre. Sin embargo, en el terreno dicen que son siete. Seguiremos esperando para que los recojan porque la comunidad, repito, tiene miedo de hacerlo”, concluyó el alcalde Ulises Palacios Palacios.

La Séptima División del Ejército Nacional informó que durante este fin de semana se sostuvieron fuertes combates en una de las zonas rurales de este municipio, así lo registraron en su cuenta de Twitter: “Fuertes combates en zona rural del Alto Baudó, Chocó. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército Nacional resguardaron a la población civil. En la zona hay presencia del GAO Clan del Golfo y ELN”.

Las críticas condiciones de seguridad que hay en este sector son difíciles. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en lo que va corrido de este año, más de 131 mil personas de doce municipios de este departamento tienen dificultades para moverse y acceder a los derechos básicos por cuenta de los grupos ilegales.