Una tensa situación viven más de 40 familias en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño. Al parecer, la Alcaldía los desalojó y les destruyó las viviendas en las que vivían por más de diez años en un predio donde funcionaba la pista aérea. Los afectados piden que los reubiquen para no terminar en la calle.
De acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos, la orden de desalojo se dio a conocer tan solo el día 4 de enero sin otorgar posibilidades algunas para garantizar los derechos de las cerca de 250 personas. “Solamente nos dijeron vamos a tumbar esto y ni casas, ni alimentación, ni nada”, afirmó una de las personas afectadas.
“Estamos muy tristes y preocupados, no sabemos dónde vamos a pasar la noche; aunque la policía no nos ha tratado mal, de todas formas que lo saquen a uno de su casa, le dañen sus cosechas, nos dejen sin comida y sin techo, es un maltrato muy horrible del Estado”, agregó.
Por ahora, se sabe que la Alcaldía está ofreciendo tres meses de arriendo, pero luego son las mismas familias las que deben solucionar su situación de vivienda y sustento, teniendo en cuenta que la mayoría tenía cultivos de plátano, yuca, cacao, entre otros.
El representante a la Cámara, Pedro Baracutao, insistió a la Alcaldía y Gobierno Nacional, para que atiendan esta situación humanitaria, pero, además, que se cumplan con la garantía de los derechos humanos. “Pues aunque exista una orden de juez, también es requisito de ley contar con un plan de contingencia que brinde garantías a sus derechos como lo son el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación, entre otros”.
Según le informó el alcalde de Chigorodó, Eleazar Palacio, a BLU Radio, solo fueron tres familias las que verdaderamente ocupaban el espacio que fue desalojado como lugar de vivienda tras haber sufrido desplazamiento forzado.
“40 personas habitaban el terreno, las otras personas tienen su casa en el casco urbano del municipio, ya se había hecho la caracterización de ellos y el inventario de los cultivos que tenían. El desalojo debía hacerse para adelantar proyectos de infraestructura deportiva. Son personas que en una ocasión alguien, no sabemos quién, se los había cedido para sembrar yuca y pancoger, pero ya se habían apropiado del terreno y no querían salir de manera voluntaria”, afirmó el mandatario.
En el momento que llegron el Esmad y los militares, hizo presencia la personería y la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar los derechos de estas personas.
Otro caso en Urabá: invasores frenan desalojo en terreno de Necoclí
180 familias se apoderaron de un terreno ajeno hace 30 años en Necoclí. Si bien un juez solicitó desalojar la propiedad, en cinco oportunidades no se ha podido cumplir la orden a razón de que la comunidad se niega a abandonar las viviendas que construyeron.
Las 40 hectáreas están ubicadas en el corregimiento El Totumo de esta población del Urabá antioqueño. Los ocupantes se empezaron a resguardar en la finca Bella Vista desde 1992. Al principio, se contaban con los dedos de las manos. Hoy se multiplicaron.
Las personas que figuran como titulares de la tierra la están reclamando insistentemente. Aunque una decisión judicial está de por medio, la Policía Nacional ha sido frenada para ejecutarla a razón de que los invasores obstaculizan los operativos.
El más reciente intento para recuperar el predio tuvo lugar este primero de noviembre. Todas las unidades de la institución se enfilaron para hacer cumplir al pie de la letra la petición de un juez: sacar a las familias que están dentro de Bella Vista.
Una vez se corrió el rumor de la presencia de la Fuerza Pública, los campesinos abandonaron sus actividades y armaron un bloque con el fin de cerrarles el paso a los uniformados. Por aire y tierra se monitoreó la situación que terminó en enfrentamientos.
