Un exfuncionario del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) acaba de ser condenado por un hecho de corrupción ocurrido en 2017.
Su nombre es Felipe Rodríguez Mariano, a quien un juez penal del circuito de conocimiento en Bogotá encontró culpable de delito de interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso relacionado con la contratación de la interventoría de un proyecto de vivienda gratuita.
La historia, según dio a conocer la Fiscalía, se remonta a comienzos de 2017 cuando en la entidad se abrió una convocatoria privada para contratar la auditoría y supervisión de un proyecto que contempló la construcción de 4.678 viviendas en nueve departamentos.
La investigación dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción encontró que solamente tres empresas fueron invitadas a participar en el proceso, entre ellas un consorcio referenciado previamente por dirigentes políticos.
Ese grupo económico, demostró ante la justicia el ente acusador, fue favorecido por el exfuncionario de Fonade.
“Rodríguez Mariano, como integrante del Comité Evaluador de Propuestas, comunicó a representantes de dicho consorcio los errores identificados en su oferta comercial y les indicó cómo subsanarlos. También influyó en los demás evaluadores y facilitó la ampliación de los plazos para entregar la documentación requerida, pese a que la propuesta había sido rechazada el 6 y el 18 de abril de 2017″, señaló la Fiscalía.
Aunque no fue solo eso. Para la Fiscalía, Rodríguez Mariano sostuvo reuniones con directivos del proponente, en las que se comprometió a agilizar la emisión de un concepto favorable.
“Al día siguiente, el comité recomendó aceptar la oferta y, el 8 de mayo de 2017, se suscribió el contrato de interventoría por 16.612 millones de pesos, con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles”, indicó la fuente.
Eso llevó a que el entonces funcionario de Fonade fuera condenado a cinco años y cuatro meses de prisión.
En ese mismo caso, otras 13 personas, entre particulares y servidores públicos, han sido sentenciadas igualmente por otras instancias judiciales, dos de ellas exsenadores.