¿Quién era el funcionario de la Fiscalía que murió en medio de un atraco en Valledupar?

En la tarde este viernes, falleció Carlos Javier Martínez Fragoso, de 36 años de edad, un agente del CTI de la Fiscalía General de la Nación, al parecer en medio de un atraco en el que estaban involucrados dos ladrones en un centro de apuestas en Valledupar.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en el barrio Loperena de Valledupar, al parecer Carlos Javier y uno de sus compañeros se enfrentaron a los delincuentes que intentaron asaltar la casa de apuestas.

Tanto la víctima como su compañero, estaban inscritos a la Unidad de Justicia Transicional, de acuerdo a las autoridades hubo intercambio de disparos luego que de ambos llegaran al centro de apuestas a comprar una lotería y se dieran cuenta de que dos ladrones intentaban asaltar el lugar.

En medio de la balacera, la víctima recibió cinco tiros y en el momento fue trasladado a la Clínica Santo Tomás, donde se confirmó minutos después su muerte.

Los asaltantes huyeron en una moto, sin embargo, uno de ellos iba herido y se desplomó. Metros más adelante, dicho sujeto fue llevado a la Clínica Santa Isabel, donde también confirmaron su deceso.

¿Quién era el agente del CTI?

De lo poco que se sabe sobre Carlos Javier Martínez Fragoso es que tenía 36 años de edad, era oriundo de Chimichagua Cesar y trabajaba como agente del CTI de la Fiscalía, inscrito a la Unidad de Justicia Transicional.

A Fragoso lo describe su familia como un hombre excepcional, amable e incondicional.

Madre pide perdón por caso de acoso escolar en Valledupar

Un preocupante episodio ha causado revuelo en la comunidad educativa de Valledupar. Se trata de un nuevo caso de ciberacoso, aparentemente utilizando la inteligencia artificial, en el colegio La Sierra Internacional, registrado durante el pasado mes.

Según trascendió, tres estudiantes de este prestigioso centro educativo tomaron fotografías de las caras de algunas de sus compañeras y, a través de la aplicación de técnicas basadas en inteligencia artificial, crearon imágenes manipuladas de las alumnas, aparentando que estaban sin ropa. Las imágenes resultantes fueron posteriormente distribuidas a través de diversas redes sociales, lo que es considerado como ciberacoso.

En respuesta a la creciente presión de los padres de familia, la dirección del colegio decidió expulsar a los tres estudiantes involucrados en el incidente. Esta situación motivó a que una de las madres de los estudiantes involucrados impusiera una acción de tutela en contra del centro educativo “por la vulneración a los derechos fundamentales, a la niñez, a la educación, al debido proceso, dignidad humana, a la honra, y al buen nombre”.

Aunque el Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Valledupar admitió dicha tutela, la mujer decidió desistir de la acción legal y en una carta al colegio pidió perdón en nombre de su hijo.

“Pido perdón público a todo el que se haya visto o sentido agredido con mi actuar por defender los derechos de mi hijo de doce años (...) Hoy mi hijo es responsable de haber tomado una mala decisión al compartir unas fotos alteradas por medio de la inteligencia artificial que a la vez le compartieron sus amigos. Jamás las compartió con intención de acoso”, dice parte del texto que conoció SEMANA.

La mujer explicó que, en el contexto de relaciones de amistad, su hijo compartió las imágenes con el ánimo de delatar a sus compañeros y creyó que el asunto quedaría como un conflicto entre ellos, pero no comprendió el alcance de dicha decisión, por lo cual considera injusto que lo señalen bajo el rótulo de “acosador sexual cibernético” sin considerar el contexto y las relaciones entre los jóvenes.

Otra madre de familia, abogada penalista, enfatizó en que “acciones como las que involucran este caso deben ser atendidas con la seriedad y prontitud que se merecen. Correcciones acertadas tomadas a tiempo pueden prevenir daños mayores e incluso repeticiones futuras. Los hechos que nos comunican no son simples circunstancias de acoso cibernético, son hechos tipificados como delitos tanto en la legislación nacional como internacional”.