El trino de Petro tras el video de Salvatore Mancuso sobre el Pacto de Valledupar

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X sobre un comunicado que su gobierno firmó con paramilitares. Todo esto ocurre en medio del escándalo llamado el Pacto de Valledupar, que muestra cómo, supuestamente, detrás de un proceso de paz, la verdadera intención de Petro era que los paramilitares difundieran mentiras sobre Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia; Álvaro Uribe Vélez, exmandatario colombiano; y Germán Vargas Lleras, exvicepresidente fallecido, todos adversarios políticos del líder del Pacto Histórico.

“Iván Cepeda, míreme si no le da miedo, asqueroso heredero”: increpan al senador por cuenta del Pacto de Valledupar

Así respondió Iván Cepeda cuando le preguntaron, en vivo y por llamada, sobre el pacto de Valledupar: exparamilitares dicen que lo vieron en avión

“Este es el comunicado que salió de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de Ralito para garantizar la devolución de todos los bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa”, escribió Petro, junto al documento.

Este es el mensaje:

En contraste, el paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso publicó un video y señaló que sí les pidieron hablar falsedades de los referidos, desde el Gobierno, pero ellos no aceptaron.

Este es el video:

SEMANA dio a conocer este 19 de octubre de 2026 detalles alrededor del denominado pacto de Valledupar. Se trata, en síntesis, de un denunciado plan del gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro, para desacreditar a Abelardo De La Espriella, hoy presidente de Colombia, así como a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, y Germán Vargas Lleras, fallecido exvicepresidente.

“SEMANA conoció detalles estremecedores sobre cómo desde la Casa de Nariño, Petro impartió la orden a su entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para que los exjefes de las AUC —a quienes juntó en su gobierno, pese a que les declaró la guerra política y los denunció cuando estuvo en el Congreso—, declararan en contra del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella —el preferido en las encuestas—, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, a siete meses de la primera vuelta presidencial”, informó esta casa periodística.

Angie Rodríguez habló con SEMANA en su momento y dio cuenta de este denominado pacto. La entonces gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, denunció un presunto plan que habría nacido en la Presidencia de la República para relacionar directamente al entonces candidato y hoy presidente, Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe y al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras con organizaciones paramilitares.

El plan, según ella, giraba en torno a una orden del presidente Gustavo Petro y del ministro de Interior, Armando Benedetti, de hacer un gran evento con los principales jefes paramilitares en Valledupar, supuestamente para darle cierre al conocido Pacto de Ralito. En realidad, de acuerdo con su versión, se trataba de un plan para vincular a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras con los paramilitares, justo en medio de la campaña presidencial.

El evento en Valledupar, donde asistieron 11 exjefes de las AUC, entre ellos, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Tovar Pupu, Jorge 40; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Edward Cobos, conocido como Diego Vecino; Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, entre otros, fue tenso, según la exfuncionaria: “Me quedé con ellos y, después de hablarles mil arandelas, terminé diciéndoles lo que el presidente me había pedido”.

Un día antes del reciente pronunciamiento, Petro publicó otro mensaje sobre este otro escándalo de su administración. Esta fue su publicación íntegra:

“Frente a las declaraciones de Salvatore Mancuso y Angie Rodríguez: no voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político. Hay algo que no se puede pasar por alto. La mesa con los antiguos comandantes de las autodefensas no nació a escondidas. Su funcionamiento fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, un acto público que tenía como propósito avanzar en el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre de un proceso de paz que comenzó hace más de veinte años.

Esa misma resolución contempló la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo como invitados permanentes, precisamente para acompañar y vigilar lo que allí ocurriera.

¿Fueron convocadas esas instituciones? ¿Estuvieron presentes sus representantes? ¿Qué dicen las actas? Y si alguien conoció una presión indebida, ¿por qué no acudió inmediatamente a las autoridades? Que se conozca todo. Que aparezcan las actas, las comunicaciones, las grabaciones y los nombres de quienes participaron.

Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona. Colombia tiene una historia de violencia demasiado dolorosa como para jugar con la verdad. Durante décadas, miles de víctimas han esperado saber quién ordenó las masacres, quién financió a los grupos paramilitares, quién se benefició de sus crímenes y quiénes estuvieron detrás de tanto sufrimiento. Esas víctimas merecen respuestas, no espectáculos políticos.

Si alguien utilizó un espacio de paz para presionar testimonios o fabricar acusaciones, que responda ante la justicia. Pero si alguien pretende atribuirme una orden que no he dado, también tendrá que responder por sus afirmaciones. No se puede condenar a una persona porque un tercero diga que actuaba en su nombre. Las responsabilidades se demuestran con pruebas, no con rumores.

He defendido durante toda mi vida la necesidad de que Colombia conozca su historia, incluso cuando esa verdad incomoda a quienes han tenido el poder. No voy a renunciar a esa convicción. Que se investigue todo, que se escuche a todos y que no se esconda una sola prueba. No le tengo miedo a la verdad. Lo que no acepto es que se utilice la mentira para destruir a una persona, ni que se utilice la política para impedir que Colombia conozca lo que realmente ocurrió. La verdad les pertenece a las víctimas y al pueblo colombiano. No a un gobierno, no a un partido y mucho menos a quienes quieran utilizarla para sus propios intereses”.