Acemi lanzó una fuerte advertencia frente al Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, en el que se modifican las reglas de operación del aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial y poblacional.
Según el gremio que agrupa a varias EPS, la medida no solo reproduce el espíritu del Decreto 0885 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en octubre pasado, sino que además podría generar un remezón operativo con consecuencias para millones de usuarios.
De acuerdo con el comunicado, la nueva normativa obliga a redistribuir afiliados entre EPS con base en criterios de habilitación territorial. En la práctica, esto implicaría el retiro de algunas entidades de municipios donde no cumplen el porcentaje mínimo requerido y la asignación masiva de usuarios a otras aseguradoras. El efecto más significativo, advierte Acemi, sería la consolidación de Nueva EPS como el principal operador nacional.
Comunicado Oficial
— ACEMI (@acemi_gremio) February 26, 2026
La expedición del decreto 0182 de 2026 por el cual se modifican las reglas para la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional plantea serios desafíos para la operación del sistema de salud. pic.twitter.com/ZS2KflFTbg
El gremio pone especial énfasis en el caso de esa entidad. Con más de 11,5 millones de afiliados actualmente, podría recibir 2,6 millones adicionales, lo que representa un incremento del 22,6 %. Para Acemi, se trata de una carga difícil de asumir para una EPS que, según señala, no presenta estados financieros desde 2023 y evidencia problemas en su red de prestación, demoras en medicamentos y barreras en la atención.
En condiciones similares estarían otras EPS intervenidas, que tendrían aumentos cercanos al 40 % en su población afiliada.
El diagnóstico del gremio es crítico. Ocho EPS bajo medida de intervención concentran más de 24 millones de afiliados y presentan fragilidad operativa y financiera.
En ese escenario, una redistribución masiva podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención. Además, las EPS afiliadas a Acemi que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios, lo que alteraría el equilibrio del sistema.
Acemi sostiene que la territorialización del aseguramiento puede ser razonable bajo criterios de eficiencia, pero advierte que un cambio estructural de esta magnitud debe tramitarse por ley y no por decreto.
El gremio anunció que insistirá en las rutas legales para frenar lo que considera un riesgo de mayor inestabilidad en un sistema que ya enfrenta una profunda crisis.