El expresidente Álvaro Uribe no fue ajeno al escandaloso libro divulgado por el presidente Abelardo De La Espriella, en el que recopiló las denuncias sobre presunta corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
El documento de 135 páginas, titulado El libro de la verdad, está en manos de Gregorio Eljach, procurador general; Luz Adriana Camargo, fiscala general; y Carlos Hernán Rodríguez, contralor general.
Uribe, a través de sus redes sociales, divulgó los diez aspectos que considera más destacados y preocupantes.
“El problema central no serían hechos aislados, sino un deterioro sistémico del Estado. El informe analizó 126 casos, priorizó 59 y los agrupó en nueve patrones críticos: pérdida del rigor técnico, colapso tecnológico, opacidad de la información, parálisis operativa, concentración contractual, riesgo litigioso, pérdida de control territorial, fragmentación institucional y restricción fiscal. La tesis de fondo es especialmente importante: estos problemas se retroalimentan, por lo que no deberían tratarse como fallas independientes”, escribió el líder del Centro Democrático.
A su juicio, la situación fiscal aparece como uno de los riesgos más graves para el nuevo Gobierno: “El Ministerio de Hacienda habría reportado una caja en pesos de $ 16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a niveles históricos de $ 30–$ 40 billones, con una proyección de apenas $ 7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno nacional central llegó al 6,4 % del PIB en 2025. El documento añade una preocupación de enorme magnitud: emisiones de TES con tasas entre un 13 % y un 15 %, vencimientos concentrados en 2026, 2029 y 2030, y encargos fiduciarios por $ 113 billones que, según el informe, podrían sobreestimar la ejecución frente a la caja disponible”.
Su tercera preocupación, basada en el libro, es del sector salud: “Grandes compromisos presupuestales sin suficiente planeación y ejecución. El documento sostiene que a finales de 2025 se asignaron más de $ 2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin contar entonces con estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra. A junio de 2026, solo 28 proyectos habían completado la documentación, quedando más de $ 1,3 billones comprometidos sin garantía de ejecución y sostenibilidad. Además, señala que los equipos básicos en salud recibieron más de $ 6,8 billones, pero registraban apenas un 29 % de ejecución a junio de 2026″.
Asimismo, Uribe se refirió a Colombia Mayor, otro de los programas del pasado gobierno, que tiene “un problema social y presupuestal inmediato. Según el informe, los recursos previstos para todo 2026 se agotaron en julio. Quedaban cinco ciclos de pago, de agosto a diciembre, para aproximadamente tres millones de adultos mayores, con un costo cercano a $ 630.000 millones mensuales, sin respaldo presupuestal, según el documento. Es uno de los hallazgos con mayor sensibilidad social porque afecta directamente el ingreso de población adulta mayor en condición de pobreza”.
También le dedicó un espacio a la tecnología estatal: “Inversiones cuantiosas sin obtener la modernización esperada. El caso emblemático señalado es la Dian: el informe cuestiona dos contratos tecnológicos superiores a $ 310.000 millones, con entregas proyectadas hasta 2028. Además, sostiene que un plan de modernización que había ejecutado $ 333.853 millones y reportaba un 95 % de avance no consiguió modernizar los sistemas misionales. La consecuencia potencial es especialmente seria: afecta recaudo tributario, aduanas, devoluciones y lucha contra la evasión”.
Asimismo, Uribe habló de los problemas de seguridad nacional expuestos en el documento del equipo de empalme de De La Espriella, entre ellos, una alerta sobre el proyecto antidrones.
“El documento destaca un proyecto superior a $ 6,3 billones para desarrollar el Escudo Nacional Antidrones y recoge cuestionamientos relacionados con estructuración, transparencia, reducción de oferentes, evaluación y pruebas técnicas. Según el informe, la Contraloría encontró equipos previamente adquiridos con detecciones de apenas 300–430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km. El contexto hace el asunto especialmente delicado: se reportan aproximadamente 9.000 intentos de ataques con drones en 2025 y 382 ataques entre abril de 2024 y noviembre de 2025″, dijo.
Frente al sector educación, Uribe destacó las “fallas administrativas que terminan afectando directamente a maestros y familias. La Contraloría habría estructurado 61 hallazgos, de los cuales 23 tenían incidencia fiscal por $ 548.120 millones. Más preocupante desde el punto de vista humano: de 9.305 solicitudes de pensión revisadas en 2025, solamente 2.034 fueron reconocidas y pagadas oportunamente; 7.271 fueron atendidas fuera de término. El documento también registra contratos de transacción cercanos a $ 1,2 billones sin aprobación del Consejo Directivo”.
Uribe también se mostró preocupado por la información que arrojó el libro sobre contratación estatal en el pasado gobierno, la baja ejecución, entre otros asuntos.
El expresidente concluyó: “El mensaje fundamental del Libro de la verdad no es simplemente que existieron posibles irregularidades. Su afirmación más trascendente es que el nuevo Gobierno dice haber recibido un Estado con problemas estructurales simultáneos de caja, deuda, ejecución, capacidad técnica, contratación, tecnología, información y coordinación. Y dentro de todo el documento, yo pondría tres luces rojas por encima de las demás: primero, la situación fiscal y el costo de la deuda; segundo, salud y protección social, porque afectan inmediatamente a millones de personas; y tercero, la pérdida de capacidad operativa del Estado, porque sin corregir esta última, incluso disponer de presupuesto no garantiza resultados”.