El pasado 28 de septiembre, en el Concejo de Bogotá se aprobó la reforma tributaria que presentó el alcalde Carlos Fernando Galán para cambiar algunos de los tributos que pagan los capitalinos. Entre las principales modificaciones se encuentra una sobretasa al alumbrado público, además de cambios en el ICA y hasta impuestos a automotores.
La administración Galán celebró la aprobación, dado que podrán renovar las luminarias y también adaptar una nueva tecnología para cámaras de seguridad, sensores, entre otros equipamientos para mejorar la calidad de vida en la ciudad.
La reforma ha suscitado varias críticas, pues varios concejales ya han anunciado la intención de demandar la reforma luego de que el alcalde la sancione, para evitar que se vuelva norma y así se pueda decretar una nulidad. Uno de los concejales que anunció demandas fue el concejal Angelo Schiavenato, quien habló en SEMANA sobre las razones para presentar la nulidad.
Aseguró que presentará tres causales para solicitar la nulidad. La primera es la expedición irregular del acto administrativo, la segunda es la violación legales en las que se debe fundar y la tercera es falsa motivación.
“Por qué hay expedición irregular del acto administrativo? Te digo varias cosas, pero por encima. Cortaron la transmisión de YouTube. Acumularon dos proyectos de acuerdo cuando uno de ellos era un concejal y no tenía competencia para proponer ni exenciones ni aumento de impuestos. Aún así, los subieron los dos. Tercero, pese a que había acumulado los dos proyectos, ese mismo día repartieron las ponencias sin manifestarse sobre el otro proyecto de acuerdo del otro concejal. Pasaron a Hacienda, pese a que solamente tenían ponencias sobre el proyecto de la administración, pasaron a la Comisión de Hacienda los dos proyectos de acuerdo, tanto del concejal que no tenían la competencia como de la administración”, detalló Schiavenato.
De otro lado, el concejal José Cuesta Novoa, del Pacto Histórico, aseguró que la bancada del Pacto demandará la reforma por vicios en el trámite. Indicó que el más grave es el hecho de que hubo una unificación de proyectos de reforma tributaria que no se podía hacer.
“Lo que se demostró jurídicamente es que la iniciativa de proyectos de reforma tributaria solamente la competencia la tiene exclusivamente y recae en manos del alcalde mayor elegido en cada periodo. Ahí se cometió un error, pues terminó unificándose un proyecto que tenía el concejal Emel Rojas. Eso lo vicia totalmente y este es el punto de vista jurídico.