Ante lo sucedido con Sanitas, Uribe propone la creación de una ley que exija arbitramentos privados antes que intervenciones

Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera intervenir a la EPS Sanitas, la segunda más grande del país con más de 5,7 millones de afiliados, una decisión que muchos expertos han catalogado como antidemocrática tras el fracaso de la reforma a la salud, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez planteó dos soluciones para evitar medidas como las que tomó el gobierno de Gustavo Petro.

Una de las soluciones de Uribe Vélez es la creación de una ley que exija arbitramentos privados antes que intervenciones.

Así mismo, el exmandatario de los colombianos plantea una acción popular que busque que los jueces protejan a los usuarios, y se preguntó: “¿Ordenarían levantar la intervención?”.

Para Uribe, Sanitas “ha gozado de alto nivel de aprecio por los usuarios. Pero la política pública le ha hecho daño. Ahora otro golpe: la intervención”.

En su publicación en su cuenta de X, el expresidente Uribe también se refirió a Ecopetrol, Nueva EPS y Savia Salud.

“Nuestro gobierno vendió el 12 % de Ecopetrol a más de 500 mil personas. El dinero no se gastó, se capitalizó. La compañía se multiplicó por 15. Hoy está en retroceso”, dijo. Y a renglón seguido agregó: “Solución: que el presidente de Ecopetrol lo elijan los socios privados”.

Frente a la Nueva EPS, Uribe señaló: “Dada la mala experiencia con las EPS del Estado, por ejemplo Caprecom y Seguro Social, nuestro gobierno y algunas cajas de compensación crearon la Nueva EPS. Se buscaba eficiencia y transparencia. Hoy su futuro como aseguradora es incierto”.

Para el exjefe de Estado, la solución es “que las cajas de compensación nombren el gerente”.

En cuanto a Savia, Uribe comentó: “Fue creada en asociación entre el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y Comfama (Caja de Compensación). Sigue intervenida”. Y se preguntó: “¿Cómo se evita que desaparezca?”.

La polémica resolución con la que la SuperSalud ordena intervenir a la EPS Sanitas

La decisión responde a que con corte a 2022, Sanitas recibió 7,5 billones de pesos y perdió 295.368 millones, según cifras de la SuperSalud y la SuperSociedades. La deuda total ascendía a unos 2,3 billones de pesos.

En las 26 páginas que componen el documento se señala que esto responde al amparo constitucional en los artículos 48 y 49 con relación a la seguridad social, por lo que también el artículo 189 indica que le corresponde al presidente de la República, Gustavo Petro, “ejercer la inspección y vigilancia de los servicios públicos”.

El mandatario colombiano, por medio de su cuenta personal de X, rompió el silencio y aseguró que su administración tiene la obligación de salvar el sistema de salud en Colombia.

“El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”, posteó Petro.

También resalta el artículo 334, “la prestación de servicios públicos está sometida a la intervención económica”.

El texto afirma que el Decreto 780 de 2016 “dispone que el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia dentro de los plazos previstos dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes por la Superintendencia Nacional de Salud”, razón por la que decidió intervenir a Sanitas.

El 27 de julio de 2023, las EPS Sura, Sanitas y Compensar le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que alertaron que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector, preveían serias dificultades para seguir con sus operaciones.

En las conclusiones del documento de la resolución de la SuperSalud menciona: “Se identifica incumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado para el cierre de la vigencia de 2023″, al tiempo que “los resultados del indicador de siniestralidad PBS financiada con la UPC del Régimen Contributivo y la movilidad del Régimen Subsidiado entre el cierre de la vigencia 2019 a 2023 aumentó un 11 % pasando del 92, 9 al 103,9 %”.