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Comercio electrónico. John Lamb / Getty Images.
Según el congresista, los delitos cibernéticos han aumentado en los últimos años. Foto: John Lamb / Getty Images. - Foto: Getty Images

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Aprobado en primer debate proyecto de ley que busca que casos de suplantación de identidad no generen cobro y sean retirados de Datacrédito

La idea es que una vez el ciudadano reporte el fraude, las entidades bancarias y de telefonía suspendan los cobros y no haya historial negativo en las centrales de riesgo. El usuario deberá poner la denuncia en la Fiscalía.

En las últimas horas fue aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca proteger a los colombianos que han sido reportados en Datacrédito por casos de suplantación de identidad.

Según explicó el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, autor de la iniciativa, la idea es proteger a todos los ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de fraude digital y que están reportados en las centrales de riesgo.

Entre los casos de suplantación que se registran en el país, los más comunes son por líneas telefónicas que sacan a nombre de otra persona, o productos bancarios sin que el ciudadano haya dado su consentimiento. Sin embargo, al momento del cobro, las facturas le llegan al usuario suplantado y, por lo tanto, ante la falta de los pagos, terminan reportados en las centrales de riesgo.

Los casos son más comunes de lo que parece y hay una ausencia de jurisdicción para este tipo de hechos. “Lo que busca el proyecto de ley es que tan pronto la persona haya sido víctima de fraude, reporte a la empresa de comunicaciones o la entidad financiera y se suspende cualquier cobro de este producto o servicio”, le dijo a SEMANA el congresista.

De otro lado, la iniciativa busca que se suspendan los cobros de los intereses que eso genere y cualquier tipo de cobranza con la entidad.

El segundo beneficio del proyecto de ley para los usuarios es que si la persona quedó reportada en la central de riesgo por ese hecho, debe ser retirada de inmediato.

En medio del debate que se surtió en la Comisión Primera, uno de los puntos de mayor discusión fue la responsabilidad del usuario. Por eso, se aprobó que la persona deberá poner el caso en la Fiscalía. Aunque aclara que mientras la justicia adelanta las investigaciones, las entidades deberán suspender el cobro al usuario.

“La mayoría de congresistas estuvieron a favor del proyecto y reconocen la importancia y utilidad que tiene para atender una problemática que hoy sufren los ciudadanos”, afirmó Sánchez.

Según explicó, eso llevará a que las entidades resuelvan de forma más rápida los casos y tengan mayor interés en hallar a los responsables, ya que como actualmente no tienen esa obligación, los procesos de verificación y seguridad no son los más robustos y por eso se están presentando múltiples fraudes.

El problema en la actualidad es que hay un vacío legal en el que los ciudadanos no encuentran una respuesta oportuna por parte de las entidades ni de la justicia. Según señala Sánchez, el delito digital ha estado en aumento en los últimos años, exponencialmente.

“Recibimos a través de redes sociales muchísimos casos”, contó. Aseguró que uno de los más impactantes fue una señora de 79 años que tiene una deuda de 84 millones de pesos porque le sacaron créditos a su nombre a través de suplantación. Otro caso fue el de un médico de Pereira que fue a estudiar en el exterior y, cuando volvió, iba a sacar un crédito para comprar una vivienda, sin embargo, encontró que tenía una deuda con una línea telefónica que nunca había utilizado.

Según datos de las mismas entidades financieras, solo en el 2020 se reportaron más de 40.700 casos de fraude a través de canales digitales. Igualmente, según la Dijín señaló que se han aumentado en un 409 % los casos de suplantación de identidad.

El congresista explicó que a pesar de que la pandemia brindó facilidades para sacar créditos a través de canales digitales, eso también llevó a que los delitos de suplantación de identidad a través de canales digitales haya aumentado.

La iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes, y si es aprobada, deberá ser discutida por el Senado.