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Eduardo Montealegre y Gustavo Petro
Eduardo Montealegre y Gustavo Petro - Foto: SEMANA

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Atención: Exfiscal Eduardo Montealegre toma distancia de Gustavo Petro y vaticina “rotundo fracaso” en la paz total; ¿por qué?

El exfuncionario se retiró del equipo de asesores jurídicos cercanos al presidente electo y que estudiaban alternativas para la llamada “paz total”.

SEMANA: ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró del grupo de asesores jurídicos que definía un marco jurídico para el sometimiento de grupos armados?

EDUARDO MONTEALEGRE: Me retiré del grupo que está elaborando unos proyectos sobre el marco del sometimiento de grupos organizados al margen de la ley porque considero que la propuesta no es eficiente, específicamente en el tema de quién debe hacer la desmovilización.

Hice un planteamiento en el sentido de que debe crearse un alto comisionado contra el crimen organizado y que esa institución, que debe ser creada por una reforma legal o constitucional, esté encargada de hacer esa desmovilización de los grupos y no la Fiscalía.

La Fiscalía no tiene la capacidad técnica ni aplica modelos contemporáneos en la lucha contra el crimen organizado. En síntesis: mi desacuerdo fundamental está en que el planteamiento que hará el gobierno es encargarle a la actual Fiscalía la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley. Yo creo que la entidad no está capacitada, no está modernizada ni cuenta con las técnicas para hacerlo. Lo mejor es crear una institución que, con técnicas modernas, proceda a hacer ese modelo de desmovilización.

SEMANA: ¿Se refiere a una especie de justicia transicional para los grupos que logren una desmovilización en el gobierno Petro?

E.M.: Propiamente no sería un modelo de justicia transicional. Con los grupos armados al margen de la ley o grupos organizados no podemos hablar propiamente de una justicia transicional.

Diría más bien que se trata de un proceso de acogimiento. Ese proceso de acogimiento no puede someterse a la jurisdicción ordinaria de la Fiscalía sino requiere unos modelos especiales, es decir, podríamos hablar de una tercera vía entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Ley de Justicia y Paz. Hay que buscar una tercera vía que recoja las experiencias de ambos modelos, pero obviamente con unas características especiales y la Fiscalía no tiene la capacidad técnica para hacerlo.

SEMANA: Usted fue fiscal general y fue clave en el marco jurídico para la paz de Juan Manuel Santos. Cuando expuso su preocupación, ¿qué le dijeron en el Pacto Histórico?

E.M.: La verdad es que esa es mi protesta. Hice una propuesta y creo que ni siquiera fue evaluada por el gobierno entrante ni por el Pacto Histórico, sin ningún tipo de consideración o evaluación. Por eso decidí retirarme de esa comisión asesora de la sociedad civil. No tuvieron en cuenta los argumentos que di. Uno de los puntos centrales de la nueva propuesta es que creo que la nueva organización que propuse como una Alta Comisión para el Crimen Organizado debe fusionar las funciones de investigación de la Fiscalía con inteligencia financiera. En este momento, la Fiscalía no puede hacer inteligencia por razones constitucionales.

SEMANA: ¿Usted qué vislumbra con el sometimiento de los grupos armados ilegales que propone el gobierno entrante?

E.M.: Avizoro un rotundo fracaso y ese fracaso está en que el esquema de negociación, sobre todo frente al crimen organizado y organizaciones al margen de la ley, se lo dejarán a la Fiscalía y, reitero, no tiene la capacidad técnica para hacerlo. Tampoco tiene la voluntad política para adelantar ese proceso de negociación. Se requiere una entidad nueva, moderna, que parta de cero y actúe con base en un poder preferente con casos muy específicos y aplicando tecnologías muy modernas que no tiene la Fiscalía. Reitero: la Fiscalía no tiene la capacidad para hacerlo porque recibe más de un millón de denuncias al año y creo que existirá un fracaso del modelo.

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