De cara a las elecciones legislativas y presidenciales, las autoridades del país están en máxima alerta ante el panorama de violencia que se vive en varias regiones de Colombia.
Precisamente, el 5 de febrero, el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos sufrió un atentado a bala en el departamento de Arauca que dejó a dos de sus miembros muertos.
“Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad. Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros; nada justifica tanta violencia. Esto no puede seguir pasando en Colombia. Exijo garantías reales de seguridad para quienes ejercemos la política en medio de este ejercicio electoral democrático; la vida es sagrada”, manifestó el senador, quien se encuentra fuera de peligro.
Me duele el alma. Duele profundamente lo que pasó con mi esquema de seguridad.
— Jairo Alberto Castellanos (@JairoSenador22) February 6, 2026
Mis muchachos que salieron a trabajar, a cuidarnos, y hoy son masacrados. El dolor es de sus familias, de sus hijos, de todos nosotros nada justifica tanta violencia.
Esto no puede seguir pasando… pic.twitter.com/uNXRD8FJvT
Esto se suma a la reciente denuncia de Juan Espinal, actual representante a la Cámara y candidato al Senado, quien manifestó que ha recibido mensajes amenazantes en su contra a través de redes sociales.
“Amenazas e insultos de los fanáticos de Gustavo Petro, miedo no les tenemos, seguramente están buscando que corramos la misma suerte de nuestro senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Somos una oposición sin garantías y perseguida por este Gobierno. El petrismo y sus corporados promueven actos de violencia”, dijo en su cuenta de X este 5 de febrero.
#MuyGrave
— Juan Espinal (@Juan_EspinalR) February 5, 2026
Amenazas e insultos de los fanáticos de @petrogustavo miedo no les tenemos, seguramente están buscando que corramos la misma suerte de nuestro senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
Somos una oposición sin garantías y perseguida por este gobierno. El Petrismo y… pic.twitter.com/uEdrga1q66
Esta situación coincide con la portada de SEMANA de mediados de enero, en la que tuvo acceso a información de carácter reservado, plasmada en diversos documentos de inteligencia.
En dichos informes se advierte que los grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra estarían buscando favorecer a ciertos candidatos y vetar a otros.
La Misión de Observación Electoral (MOE) reveló los mapas de riesgo para las contiendas del próximo 8 de marzo, cuando se votará por los nuevos congresistas y las consultas interpartidistas.
En total, 339 municipios están en riesgo por factores asociados a la violencia, 334 por sospechas de fraude electoral en los votos al Senado y 383 por los de la Cámara de Representantes.
Durante una reciente reunión del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con las autoridades electorales y el procurador general de la Nación, se revelaron las preocupaciones sobre estas elecciones.
“Entre más cerca estemos a las elecciones, el riesgo intangible que se produce por la desinformación es aún mayor. De allí que la invitación es absolutamente a todo el Estado colombiano, y el Estado somos todos; la seguridad, la democracia, no solamente las brindan las instituciones, sino también la población que compone el Estado”, dijo el ministro.
En medio del Gran Foro por Colombia de SEMANA del 4 de febrero, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, lanzó un duro señalamiento contra los grupos armados ilegales que han protagonizado una ola de violencia en los últimos días en varios municipios, que podrían generar graves efectos en la jornada electoral.
“Yo no reconozco guerrillas ya en Colombia. Ya no hay ninguna organización armada rebelde que quiera sustituir las instituciones y establecer un régimen institucional diferente. Eso ya no existe. Aquí lo que hay es bandidos, criminales, asaltantes”, dijo el procurador.
Esta situación revive el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien era senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, que sufrió un atentado el 7 de junio de 2025.
Esto se suma también al atentado del 13 de agosto de 2025 contra el representante a la Cámara Julio César Triana, del Partido Cambio Radical, cuando se movilizaba en su camioneta en La Plata, Huila.
Asimismo, el 14 de octubre de 2025, la campaña del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sufrió un atentado cuando hombres armados interceptaron uno de los vehículos que se utilizaban para la recolección de firmas en la vía que conecta Norte de Santander con Arauca y posteriormente lo incineraron.
El senador caucano de Cambio Radical Temístocles Ortega también fue víctima de un grave atentado el 13 de noviembre de 2025, del que, según relató, logró salir con vida junto a su equipo de seguridad, tras ser atacado por presuntos delincuentes armados en la carretera que conduce a Popayán.
En algunas zonas urbanas, el voto libre tampoco está garantizado. Por ejemplo, las disidencias de las Farc habrían instalado en diferentes municipios del Cauca y Nariño unas vallas con las caras de varios políticos.
Esas estructuras prohíben el proselitismo de candidatos de derecha, específicamente del Centro Democrático: “En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas”, dice la valla.
Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral coinciden en señalar que el riesgo para el proceso electoral de 2026 es alto y generalizado.
A pocos meses de los comicios, la expansión del poder armado ilegal amenaza con alterar de manera decisiva el tablero político nacional. En amplias zonas del país, la democracia ya no se juega en las urnas, sino bajo la vigilancia del fusil.