Centro Democrático le pide al presidente Petro retirar la Ley de sometimiento que se radicó en Congreso

El presidente Gustavo Petro le anunció este domingo 19 de marzo a Colombia que se rompía el cese al fuego bilateral que se había pactado con el Clan del Golfo el pasado 31 de diciembre de 2022.

El primer mandatario se cansó de esa organización criminal que continuó delinquiendo en varios departamentos del país, a pesar de que el Ejecutivo había contemplado la posibilidad de incluirlos en la denominada ‘paz total’.

Antes de que esto ocurriera, el Gobierno Petro radicó en el Congreso de la República la Ley de sometimiento para que integrantes de bandas criminales pudieran abandonar la ilegalidad mediante varios mecanismos contemplados en la iniciativa y eso beneficiaba al Clan del Golfo.

Por esa razón, para integrantes del Centro Democrático, ya no tiene sentido que se siga con el trámite de esa iniciativa, ya que el Gobierno Petro ordenó operaciones ofensivas contra esa banda delincuencial.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le hace esa solicitud.

“Su gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley ‘por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones’, que permitirá beneficios inmerecidos a grupos que siguen causando violencia al país”, dice Cadavid.

Basándose en esa afirmación, el congresista del Centro Democrático indica: “Le solicito de manera respetuosa retirar del Congreso el proyecto de ley presentado, permitir que la justicia actúe y que su gobierno brinde seguridad a todos los colombianos”, escribió.

En la misiva, Cadavid le dice al mandatario de los colombianos que la seguridad no es derecha ni de izquierda y que tampoco traduce guerra, pero que sí es necesario que el país retome el rumbo de seguridad.

El representante Andrés Forero indicó que con el anuncio del rompimiento del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, ya no tiene sentido tramitar esa iniciativa y está de acuerdo con que se retire.

Fiscal Francisco Barbosa advierte que habrá un “festín de libertades” de narcotraficantes con la Ley de sometimiento

El fiscal general, Francisco Barbosa, reanudó sus cuestionamientos a la Ley de sometimiento que fue presentada el pasado miércoles por el Ministerio de Justicia ante el Congreso de la República. Para el jefe del ente investigador, se quieren entregar de golpe todo tipo de beneficios judiciales a narcotraficantes o comandantes de bandas derivadas de los grupos paramilitares.

Barbosa consideró que en un parágrafo del proyecto se extienden los beneficios a varios delitos mediante los principios de oportunidad: “Yo llamo indultos camuflados como si fuera un proceso de paz a personas que hayan cometido concierto para delinquir agravado (...) con unos delitos que tienen una connotación gravísima con otros delitos, como lo son trata de menores, tráfico de niños, todo lo relativo a extorsión, genocidio y de lesa humanidad”.

Esto llevaría al otorgamiento de beneficios a cientos de personas que están actualmente privadas de su libertad: “Podrían salir de la cárcel no solo los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo y que hubiesen cometido esos delitos, es decir, la preocupación según la revisión que hemos hecho es que 3.500 o 3.600 personas, directamente, podrían salir de la cárcel, lo cual es muy grave”.

Para el fiscal general, se sigue confundiendo la figura de sometimiento a la justicia con la del proceso de paz, hecho por el cual advirtió que la mayoría de sus observaciones no fue atendida por el Gobierno: “Se incluye una cláusula dentro del artículo 324, numeral primero, del Código de Procedimiento Penal, donde se dice que se puede ampliar a personas que hayan cometido delitos inferiores a los seis años y que estén en centro carcelario: son 217 delitos”.

Como están redactados estos artículos y la aplicación de principios de oportunidad, se podría generar un descontrol. “Podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando esto a una suerte de indulto, y pareciendo esto a proceso de paz con narcotraficantes y herederos de estructuras paramilitares”, explicó.

Por esto, le pidió al Gobierno que limite el uso de la figura del principio de oportunidad y solamente se aplique al delito de concierto para delinquir general y no con esas ampliaciones. Igualmente, cuestionó las labores de seguimiento que se le imponen en el documento a la Fiscalía General, las cuales desconocen las competencias y funciones establecidas en la Constitución Política para esa entidad: “La Corte Constitucional, en caso de que pase, tendría que declarar eso inconstitucional”.