Home

Política

Artículo

Abogado Miguel Ángel del Río y exsenador Arturo Char.
Abogado Miguel Ángel del Río y exsenador Arturo Char. | Foto: SEMANA, Senado de la República

Política

“Cobarde”: Miguel Ángel del Río dice que Arturo Char se fue a Estados Unidos para evadir una “eventual medida de aseguramiento”

El exsenador de Cambio Radical es investigado por presuntamente haber hecho parte del entramado de compra de votos para la campaña de Aida Merlano.

20 de abril de 2023

Miguel Ángel del Río –apoderado de Aida Merlano– y Arturo Char protagonizaron un duro cruce de trinos por supuestas maniobras dilatorias por parte del exsenador de Cambio Radical para que no se lleve a cabo la indagatoria en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El exparlamentario respondió a las críticas del abogado, probando su voluntad de colaborar en el proceso.

“Del Río me dice cobarde, que dilato, que no me presento. Le comparto el escrito radicado hoy en la Corte Suprema de Justicia”, trinó Char.

La carta, radicada este miércoles en la Corte Suprema de Justicia, habla sobre la recusación que presentó contra todos los magistrados de la Sala de Instrucción, argumentando imparcialidad.

“Entiendo que la petición suspende (Art. 108) por ministerio de la ley las diligencias en el estado en el que se encuentren, motivo por el que he asumido que tal disposición cubre la diligencia de indagatoria del 17 y 18 de abril de los corrientes”, explicó, refiriéndose al aplazamiento de la indagatoria.

   Arturo Char. Tiene indagación preliminar por el escándalo de la ‘Casa Blanca’.
Arturo Char, exsenador de Cambio Radical. | Foto: Archivo Particular.

A pesar de esto, a diferencia de las acusaciones de Del Río, recalca su intención de asistir a todas las diligencias de caso.

“Es de conocimiento de su despacho que he concurrido virtualmente a todas las diligencias a las que he sido convocado. Desde mi lugar de domicilio en EE. UU., como ciudadano estadounidense, la arquitectura legal que nos rige hoy (virtualidad) permite garantizar la práctica de la diligencia (Art. 336 L600/00) tanto como medio de defensa como de vinculación procesal”, se lee en la carta.

“Desde Estados Unidos para que, ante la eventualidad de una medida de aseguramiento, no regrese más. Cobarde”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

Aida Merlano tendrá que presentarse ante la Corte Suprema

Aida Merlano  llegada su deportación de Venezuela
Aida Merlano, exsenadora. | Foto: Esteban Vega La Rotta

Un nuevo capítulo se abrió recientemente en el extenso expediente que cursa contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo por la compra de votos que habría puesto en marcha en el año 2018 para dar el gran salto al Senado de la República. Pocos días después de su llegada al país, Merlano fue notificada que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la requería para que rindiera su versión libre por la entrega de millonarios recursos a un dirigente político conservador de la Costa.

Se trata, en esta oportunidad, del candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico, Emeterio José Montes de Castro, quien en la recta final de su campaña habría recibido una suma cercana a los 5.000 millones de pesos. Este dinero le habría sido entregado de manera directa por Merlano. Estos recursos habrían sido girados por el empresario Julio Gerlein, uno de los principales promotores de la carrera política de Aida Merlano.

La investigación surge de una denuncia que fue presentada ante el alto tribunal y en la que se menciona que estos recursos iban a ser utilizados para la compra de votos en la región para los comicios que se iban a celebrar en marzo de 2018. En la queja se advertía que el día de las elecciones se puso en marcha un sofisticado plan para atraer personas para que votaran a favor de Merlano y Montes, todo esto a cambio de una suma de dinero.

Aida Merlano  llegada su deportación de Venezuela
Aida Merlano llegó a Colombia desde Venezuela. | Foto: Esteban Vega La Rotta

Aida Merlano tiene dos condenas pendientes en Colombia: la primera de 15 años de prisión por liderar la compra de votos para su campaña al Senado, y la segunda, de cinco años y medio, por superar, ampliamente, los topes electorales fijados por la ley.

Por estos hechos de corrupción electoral fue destituida e inhabilitada por la Procuraduría General por diez años para ejercer cargos públicos, y una pérdida de investidura por el Consejo de Estado por no posesionarse en la ceremonia del 20 de julio de 2018.