La reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó sobre la mesa algo más que un nuevo capítulo en la relación diplomática entre Bogotá y Washington.
El encuentro marcó el inicio de un nuevo giro en la estrategia de seguridad con la que Colombia pretende enfrentar al narcotráfico y a las organizaciones armadas que operan en el país y que tienen corredores y estructuras de apoyo en la frontera con Venezuela.
El mensaje central que dejó el encuentro es que Estados Unidos está dispuesto a recuperar el nivel de cooperación con Colombia en materia de seguridad, después de los fuertes cuestionamientos de Washington a los resultados obtenidos durante el gobierno de Gustavo Petro.
Rubio fue enfático en señalar que la nueva administración colombiana tendrá el respaldo estadounidense para fortalecer sus capacidades frente al crimen organizado, pero dejó claro que esa cooperación deberá responder a solicitudes concretas de la Casa de Nariño.
El cambio también tiene una dimensión regional. Uno de los asuntos que ocupó buena parte de la conversación fue la presencia de estructuras del ELN y de otros grupos narcotraficantes colombianos en territorio venezolano.
Para Washington, el hecho de que organizaciones armadas puedan cruzar la frontera, ejecutar acciones violentas en Colombia y posteriormente regresar a Venezuela constituye una amenaza que ya no puede ser manejada exclusivamente como un problema bilateral.
Rubio incluso se refirió a la posibilidad de realizar operaciones contra estos grupos al otro lado de la frontera. Aunque no anunció una acción militar concreta, sí confirmó que el asunto ha sido discutido con Delcy Rodríguez, en Venezuela, y que continuará siendo abordado con el eventual nuevo gobierno democrático de ese país.
Otro de los cambios está relacionado con la cooperación militar. Rubio aseguró que Estados Unidos está dispuesto a estudiar las solicitudes que haga el Gobierno colombiano y no descartó, incluso, analizar propuestas relacionadas con una eventual presencia militar estadounidense en territorio nacional.
Sin embargo, precisó que no existe actualmente una decisión sobre la instalación de bases y que cualquier posibilidad dependería de una solicitud colombiana y del respeto absoluto por la soberanía del país.
El narcotráfico será, además, uno de los principales indicadores de esta nueva relación. De La Espriella confirmó que su Gobierno retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos y planteó ante Washington la posibilidad de establecer metas verificables para medir los resultados de la lucha contra las drogas.
El reto es considerable. Colombia cerró 2024, último año con medición de Naciones Unidas mencionada en la reunión, con un nivel histórico de cultivos de coca y una producción potencial de cocaína que también alcanzó cifras récord.
En ese contexto aparece otro elemento clave: la certificación estadounidense de la lucha contra las drogas. Rubio señaló que, aunque la evaluación que deberá presentar la administración Trump al Congreso se concentra en el desempeño de los 12 meses anteriores, el cambio de rumbo de la actual administración colombiana será tenido en cuenta.
Así las cosas, la cooperación en seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la relación bilateral y Colombia tendrá que demostrar resultados.
El nuevo escenario no implica únicamente más asistencia estadounidense. También supone una mayor presión sobre la Fuerza Pública colombiana para recuperar capacidades operativas, fortalecer la lucha contra el narcotráfico y enfrentar a las organizaciones que han ampliado su presencia territorial y capacidad armada.
La reunión entre Rubio y De La Espriella deja así planteado un cambio de enfoque: se pasa de una relación marcada por los desacuerdos sobre la política antidrogas a una alianza que busca reconstruir la cooperación en inteligencia, seguridad y lucha contra las estructuras criminales.