El empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella ya comenzó, pese a que el presidente saliente sigue cuestionando el resultado de las elecciones.
El lunes se realizó el primer encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y su sucesor, Rodrigo Lara, y este martes comienzan los encuentros en los que se revisarán los puntos clave de cada sector.
Hay ocho líneas de trabajo que prometen ser el centro de la discordia en medio de la transición, y la primera de estas tiene que ver con las cuestiones fiscales. Durante años, Petro sacó el retrovisor para señalar a su antecesor por la deuda externa. Sin embargo, ahora esta representa el 58 % del PIB, un nivel que podría ser más alto al cerrar 2026.
“También preocupa la proyección del balance total presentada por el CARF, la cual llegaría al -7,4 % del PIB, y en sus palabras es insostenible bajo cualquier punto de vista”, expresó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Una de las preguntas es cómo se financiarán las reformas sociales que el gobierno saliente dejó aprobadas.
La paz total centra la atención por la seguridad del país. Las mesas de diálogo con los grupos armados persistirán mientras Petro sea jefe de Estado. Sin embargo, De La Espriella ya dejó claro que, en su administración, el único camino será el sometimiento a la justicia.
La cuestión del sistema de salud es un asunto espinoso. El gobierno saliente señala que la UPC entregada por el Estado fue la idónea, mientras que la próxima administración le señala de haber desfinanciado ese rubro, que es fundamental para la financiación de las EPS. Los presupuestos máximos y las quejas en torno a las EPS también serán analizados en ese punto.
Hay dudas sobre las medidas adoptadas por el gobierno saliente para evitar un apagón; también sobre la administración de la Agencia Nacional de Tierras y los avances reales en la entrega de tierras a los campesinos y comunidades.
El equipo del gobierno entrante quiere revisar el manejo de los recursos extrapresupuestales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) para seguirle la pista a las transferencias de la UNGRD por 1,4 billones de pesos. Esa entidad fue, precisamente, la salpicada por el mayor escándalo de corrupción del gobierno. Finalmente, el gobierno entrante ha planteado interrogantes sobre la sostenibilidad del ICBF y sobre los litigios contra el Estado colombiano.
Este martes habrá una reunión clave entre el director de la UNP, Augusto Rodríguez, y Gilda Pardo. El gobierno entrante cuestiona que esa entidad esté por contratar a centenares de escoltas. Sin embargo, los sindicatos de esa entidad aseguran que esos puestos corresponden a compromisos que adquirió el Estado desde 2019.
La agenda continuará el miércoles con los empalmes territoriales, que comenzarán en Cúcuta, Norte de Santander, departamento que visitará De La Espriella para ese proceso.