Este 23 de octubre se llevó a cabo un debate de control político relacionado con el gasto en transporte de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en el Concejo de Bogotá, por iniciativa del concejal Rolando González.
El cabildante aseguró que en septiembre de 2026 había 754.671 personas con el beneficio aprobado, pero solo 380.165 recibieron la recarga, lo que equivale al 50,4 %. En consecuencia, 375.000 personas, el 49,6 %, no recibieron la recarga.
González además llamó la atención sobre los 774.319 bloqueos reportados en Pasajes Gratis. Entre las causas mencionadas están las inconsistencias con la Registraduría o el Sisbén, el fallecimiento, tres meses sin activar el beneficio y el uso indebido de la tarjeta.
Además, expuso que en septiembre se aprobaron $11.441 millones para recargas y se activaron $6.454 millones, lo que representa una diferencia de $4.987 millones. Por ello, solicitó aclarar el tratamiento de esos recursos.
En otro de los hallazgos, González aseguró que hay diferencias significativas entre los datos de beneficiarios reportados por las entidades y señaló la ausencia de una evaluación de impacto del programa.
El concejal cuestionó que, pese a la participación de varias entidades en la implementación, no exista una evaluación que permita establecer los resultados, el costo y la efectividad del subsidio.
Tras la situación, el concejal hizo cuatro solicitudes.
Primero, una conciliación mensual que permita identificar a las personas seleccionadas, precargadas, activadas y usuarias efectivas, junto con los pasajes realmente subsidiados.
La segunda fue un estado financiero detallado de los recursos aprobados, girados, no utilizados o reversados y los saldos disponibles.
La tercera, una evaluación de resultados y de costo-efectividad para determinar si el programa mejora la movilidad y el acceso a oportunidades; asimismo, solicitó una base única de información, con indicadores comunes de viajes y costo por viaje, acompañada de un monitor de cobertura efectiva que haga seguimiento desde la aprobación del beneficio hasta el viaje realizado.
Finalmente, les pidió a los organismos de control prestar especial atención a las alertas y los hallazgos expuestos durante el debate, y señaló que una política social no se mide por cuántas personas aparecen en una base de datos, sino por cuántas logran movilizarse, y eso es lo que la Administración le debe explicar a Bogotá.