Este martes, 13 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en octavo debate el proyecto por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. La iniciativa se vuelve realidad con esta votación, incluyendo a dicha población en la Constitución de 1991.
Se trata de un capítulo clave de la reforma agraria que propone el presidente Gustavo Petro. La aprobación es interpretada como una victoria del Gobierno, dado que se intentó aprobar en siete ocasiones anteriores y no se logró. Doce años después, es un Congreso con inclinación alternativa el que logra saldar la deuda.
La Cámara aprobó el proyecto por unanimidad por un consenso entre partidos de gobierno, independientes y de la oposición.
“Se paga una deuda histórica y una deuda de la Constitución de 1991, que no reconocía al campesinado colombiano como sujeto político de derechos y de especial protección constitucional. Esto es a favor de la paz”, expresó Diógenes Quintero, representante y coordinador ponente del proyecto.
Duvalier Sánchez, ponente de la iniciativa, también celebró el logro del Congreso y resaltó el acuerdo que hizo que se aprobara de manera unánime: “Todos apreciamos a los campesinos, pero eso no se había visto en el marco jurídico colombiano. Hay que hacer mención de que el proyecto salió en ocho debates, en una legislatura con el consenso de todas las bancadas. Incluso, con las mejoras y aportes de la oposición”.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, también aplaudió la aprobación del proyecto y resaltó la importancia del mismo.
“Compensa 30 años de desequilibrio que, sin querer, la Constitución Política de 1991 originó. Que compensa también este atraso y esta condena a la marginación que la apertura económica generó en las poblaciones rurales, agricultores y las familias campesinas que diariamente ejercen esa noble tarea de la agricultura”, dijo Mojica.
Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, también intervino: “La votación del día de hoy nace de un proceso muy largo. No comenzó ni hace una semana, ni un mes, ni un año. Ese proceso comenzó cuando los campesinos entendieron sus derechos y supieron lucharlos”.
Cinco grandes partidos piden aplazar los debates de las reformas
Cuando el presidente Gustavo Petro asumió la presidencia, fue sorprendente como en un abrir y cerrar de ojos tenía las mayorías en el Congreso. Los partidos Conservador y Liberal, quienes no respaldaron su carrera por la Casa de Nariño, saltaron a sus brazos y conformaron la gran coalición de gobierno.
Petro, con una popularidad superior al 60 %, según coincidían los sondeos de opinión, logró la aprobación de su principal reforma: la tributaria, con la que se permitirá, según dijo en su momento el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, financiar todas las promesas de campaña del gobierno del cambio después del segundo semestre de 2023.
Hoy, cuando el presidente transita por sus primeros 10 meses, el Congreso no parece sonreírle de la misma forma. Al fin y al cabo, el propio jefe de Estado voló la coalición en 1.000 pedazos y pretendió legislar con congresistas graneados de los partidos políticos que respaldaban sus reformas, un experimento que no parece tener un éxito garantizado, al menos hasta ahora.
Además, le pidieron al gobierno que aplace su discusión para el próximo semestre. Los ruidos de la iniciativa y el poco tiempo que quedan de sesiones ordinarias para debatir un tema de semejante envergadura para el país, llevaron al grueso de los congresistas a pedir que el debate se postergue. Además, hablaron de otras reformas.
Recientemente, el Partido de La U, cercano al gobierno de Gustavo Petro, también le pidió al presidente postergar el estudio de sus iniciativas.
“Desde la bancada del Partido de La U hacemos un llamado al Gobierno nacional para que, ante la premura y el ambiente político en que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo período legislativo”, se lee el comunicado de prensa del 6 de junio.
Según la colectividad, si se aplaza la discusión de las reformas, “se podrá realizar un diálogo y una concertación más amplia con todos los actores de la sociedad y así lograr los cambios que necesitan los colombianos para disminuir la pobreza, la inequidad y lograr una Colombia más equitativa y en paz”.
El Partido Conservador está en la misma tónica. Este fin de semana, su director, el senador Efraín Cepeda, dijo que él lleva 30 años en el Congreso, tiene experiencia legislativa y, después de analizar lo que está pasando con cada uno de los proyectos, no votará positivo las reformas del gobierno. Su partido va por la misma línea. Este martes (13 de junio), por ejemplo, los congresistas se retiraron de la Comisión Séptima del Senado durante el debate de la reforma pensional.
El conservatismo además ha sido enfático en su preocupación por recientes escándalos que sacuden a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y han pedido al palacio presidencial claridad frente al tema.
La Alianza Verde, el otro partido político que es cercano al gobierno, está dividido frente a las reformas.
Un sector de la Alianza Verde y la coalición Centro Esperanza radicó en el Congreso una proposición de archivo a la controvertida reforma a la salud, que está en discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La propuesta la firmaron varios congresistas, entre ellos, Katherine Miranda, quien fue jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro en Bogotá. También Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad; Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo; Camilo Avendaño, entre otros dirigentes.
A esos partidos se suman el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, quien no está de acuerdo con las reformas del gobierno. Lo mismo que Cambio Radical, orientado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los más ácidos contradictores de Gustavo Petro.
Como están las cosas, el escenario es complicado para el trámite de las iniciativas. Si los proyectos quedan para el segundo semestre, lo más probable es que se hundan, porque después de julio de 2023, los congresistas estarán en las regiones, concentrados en las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores, y lo más probable es que no haya quorum para las sesiones.