Una denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes 27 de febrero advierte sobre presuntas exigencias económicas, presiones y participación indebida en política de cara a las elecciones del 8 de marzo en varias entidades del Estado, entre ellas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La denuncia pide confidencialidad y fue firmada anónimamente por “470 contratistas del Estado” que se unieron a raíz de los hechos.
“Revelar nuestros nombres implicaría represalias inmediatas, terminación de contratos y posibles afectaciones a nuestra integridad personal y familiar”, se lee en el documento que conoció SEMANA.
De acuerdo con el texto, los denunciantes prestan servicios profesionales a ministerios, así como a la UNGRD y al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), entre otras entidades del orden nacional.
En la denuncia aseguran que, aunque están vinculados por prestación de servicios, les exigen horarios, reuniones y subordinación directa, y que entre esas presiones está la participación en actividades políticas.
“Y la amenaza de todos los días. Que si no asistimos a volantear y hacer política, tenemos que estar en la oficina cumpliendo nuestras obligaciones del contrato y del grupo de contratistas que no asisten a cumplir labores”, dice la denuncia.
Y exponen posibles faltas disciplinarias graves y conductas penales; entre ellas denuncian: “Exigencias económicas provenientes de nuestros honorarios contractuales (extorsión) para financiar campañas al Senado y a la Cámara de Representantes”.
“Advertencias implícitas de dar por terminado el contrato y renovación contractual en caso de no contribuir económicamente, y no salir a hacer campaña o viajar a nuestros lugares de origen para hacer campaña”, detalló.
Según la denuncia, las presiones serían “sistemáticas” y, además, algunos contratistas habrían tenido que asumir cargas de trabajo ajenas mientras otros se dedicaban a actividades de campaña.
Expresaron además que no denunciaron antes por miedo a represalias y a perder el sustento de sus familias. En la denuncia pidieron investigación disciplinaria, reserva de identidad y garantías de no represalia.
“El Estado no puede convertirse en escenario de financiación forzada de campañas políticas. La función pública no puede instrumentalizar la necesidad de quienes trabajan por contrato”, finalizó la denuncia.
Concluyeron anexando una copia del formulario que les entregan y en el que les exigirían datos personales de personas que deben llevar a eventos políticos, y a quienes posteriormente se les pide votar por los candidatos apoyados.
SEMANA conoció el anexo de la denuncia. Es una tabla, en formato Excel, llamada “lista de invitados” que pide datos sensibles de personas allegadas a los contratistas. Fuentes cercanas a los contratistas denunciantes le contaron a este medio que supuestamente se debe presentar en físico. En cada una de las casillas se debía diligenciar con nombre completo, cédula, ubicación, correo electrónico, fecha de nacimiento, celular, redes sociales, ubicación, localidad (solo en Bogotá) y departamento.
El lunes siguiente a la radicación de la denuncia, el mismo Carlos Carrillo, director de la entidad, se pronunció internamente.
“Estoy harto del ruido que me llega incesantemente de que aquí hay presiones políticas a contratistas y funcionarios. (...) No acepten presiones de ningún tipo”, dijo y habilitó un correo para recibir denuncias.
Contratistas de la UNGRD con Leonidas
Fuentes sindicales de la UNGRD, que aseguran haber participado en la elaboración de la denuncia, le contaron a SEMANA que es claro que varios contratistas, especialmente aquellos vinculados a la secretaría general, apoyan abiertamente a Leonidas Name, candidato al Senado de la República por el Frente Amplio de Roy Barreras.
Name, sobrino de Iván Name, expresidente del Senado de la República encarcelado por el escándalo de sobornos a congresistas provenientes de la UNGRD, fue nombrado secretario general de la misma entidad en abril de 2024.
Desde ese momento, conoció SEMANA, se convirtió en uno de los hombres más poderosos, creando un círculo cercano de asesores.
La que era considerada internamente como su mano derecha es la abogada María Daniela Castaño de la Torre.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD, le confirmó a SEMANA que ella y Name sostienen una relación de pareja. De acuerdo con la UNGRD, Castaño en el momento es contratista de la entidad, pero suspendió el contrato por un mes y regresa a sus funciones el 9 de marzo. Sin embargo, SEMANA conoció que ha estado acompañando la campaña de Name desde el principio, incluso en las tarimas.
Igualmente, en redes sociales, otros contratistas cercanos, como Salvador Julio Villa Romero y Eliana Jackeline Álvarez Muñoz, actualmente vinculados, también han expresado apoyo a Name, tanto en eventos como en sus redes sociales.
En el caso de Álvarez, ha publicado fotos con el candidato en eventos de campaña, acompañadas de mensajes invitando a votar: “Este es mi amigo, un maravilloso ser humano, excelente profesional y con su ayuda será senador”.
Y los videos que publican los contratistas para invitar a votar incluyen material propiedad de la UNGRD. Igualmente ha ocurrido en las redes sociales del candidato.
SEMANA conoció que el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) envió una nota expresándole a Carlos Carrillo, director de la UNGRD, su preocupación por las quejas que han llegado de afiliados vinculados por salir en imágenes utilizadas por Name.
El documento dice que saben de los videos “como forma de promover la candidatura del señor Leonidas Name”, agregando que “se usa la imagen de funcionarios públicos y afiliados a la organización sindical sin ningún tipo de consentimiento”.
Y pidieron investigar “si existe relación de esa iniciativa política con particulares que desempeñan funciones públicas y que ejecuten actividades de coordinación o asignación de tareas a contratistas y/o funcionarios de la entidad, lo que podría entenderse presuntamente como una forma de ‘acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política’, como lo señala la Ley 996 de 2005”.
Tras conocer el documento, este medio consultó a Edilberto Centeno, secretario general del sindicato: “Hay molestias de parte de funcionarios afiliados porque están usando mensajes institucionales con la cara de funcionarios públicos”.
Carlos Carrillo, en conversación con SEMANA, defendió a los contratistas que hacen pública su preferencia por candidatos.
“No tienen subordinación, no tienen horarios, son distintos a los funcionarios. Un contratista, siempre y cuando cumpla con sus funciones asignadas en su contrato, en su tiempo libre puede hacer lo que le plazca, incluso ser parte activa de una campaña. Es un derecho”, dijo.
Frente al uso de las imágenes de la UNGRD en la campaña de Name, el director aseguró que no puede responder por acciones del candidato: “Si soy una persona con buena imagen y alguien que trabajó conmigo quiere decirlo en su campaña, ¿cómo lo voy a evitar?”.
Y aseguró que rechaza las supuestas presiones a contratistas, y que aún no le han llegado pruebas al respecto tras haber abierto el correo para denuncias internas.
SEMANA intentó comunicarse con María Daniela Castaño y Leonidas Name, pero no respondieron a los llamados.
Los contratistas de la UNGRD, incluida en la denuncia por presuntas presiones de cara a las elecciones, están participando activamente en la campaña de quien fue secretario general de la entidad. Pese a que pueden, genera dudas frente a la posible instrumentalización de la Unidad.