De 16 a 28 partidos políticos; ¿hasta dónde llegará la “feria” de personerías jurídicas que está viviendo el país?

Colombia está viviendo un nuevo aumento de partidos políticos con personería jurídica, un hecho que, sin duda, impactará la campaña para las elecciones locales que se realizarán en octubre del próximo año.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) atendió las solicitudes de movimientos como Fuerza Ciudadana, del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo, que entrarán a engrosar la larga lista de colectividades que están en capacidad de dar avales para los comicios locales de 2023.

Al lado de estas dos fuerzas políticas están otras que, por diferentes vías, también han alcanzado su reconocimiento jurídico y que tienen, entre otros beneficios, financiación estatal y acceso a medios de comunicación públicos para la divulgación de sus propuestas.

El artículo 108 de la Constitución Política indica que el CNE “reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos” y que estos la podrán obtener “con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado”.

Esto se traduce en que la organización política que compita en los comicios al Congreso y obtenga al menos el tres por ciento de los votos podrá elegir congresistas y tener su reconocimiento jurídico, el cual le permite avalar candidatos a las elecciones y tener financiación del Estado para su funcionamiento.

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Esta filtro había permitido que el número de colectividades no creciera tanto y que los partidos políticos tuvieran verdaderamente un porcentaje amplio de representación para existir. Sin embargo, en los últimos años eso comenzó a cambiar.

En abril del año pasado, el Consejo Electoral avaló la escisión del Polo Democrático Alternativo y le dio personería jurídica al Movimiento Dignidad, del entonces senador Jorge Enrique Robledo. El argumento fue que el porcentaje de votación de Robledo era suficiente para que, tras la separación del Polo, su nueva colectividad tuviera derecho a este reconocimiento jurídico. Y al Polo se lo mantuvo.

Después fue la Corte Constitucional, que en agosto de 2021 decidió restituir el reconocimiento jurídico al Nuevo Liberalismo y ordenarle al CNE que se lo entregara basado en que ese movimiento político había sido víctima del exterminio de líderes como sus fundadores Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla.

Con base en estos argumentos, pasaron la solicitud otros movimientos como el Partido Verde Oxígeno, de la exsecuestrada por las Farc Ingrid Betancourt, y el Movimiento de Salvación Nacional, impulsado por Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. En este mismo grupo está incluido el Partido Comunista.

Ahí ya iban cinco partidos políticos más con personería jurídica, además de los que habían cumplido con el artículo 108 de la Constitución Política. Tras esto, en septiembre de 2021, el turno fue para Colombia Humana, el movimiento del actual presidente Gustavo Petro. Nuevamente fue la Corte Constitucional la que consideró que no tenía sentido que Petro hubiera sacado más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2018, fuera uno de los principales senadores de la oposición y su fuerza política no tuviera personería jurídica.

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Tras esto vinieron tres colectividades que provinieron de las elecciones legislativas pasadas: la Liga de Gobernantes Anticorrupción, del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, y Colombia Ecologista y Colombia Demócrata, de las curules afros en la Cámara. En el caso del partido del ingeniero, sus argumentos fueron los mismos de Petro cuando fue segundo en las elecciones presidenciales de 2018. Ahí ya iban 9 partidos políticos más.

El pasado 6 de diciembre se conoció que el presidente del Congreso, Roy Barreras, también recibió la personería jurídica para su movimiento La Fuerza de la Paz, el cual se escindió de la Alianza Democrática Amplia (ADA), uno de los partidos que está en la coalición del Pacto Histórico, logró elegir congresistas y que mantuvo este reconocimiento.

Y la semana pasada, la sala plena del Consejo Electoral les otorgó este privilegio a dos partidos políticos más: Fuerza Ciudadana, del gobernador Caicedo, y En Marcha, del exministro Cristo. Con estos tres ya son 12 nuevos que se suman a los 16 que había antes de abril de 2021 con lo que cifra total sería de 28 colectividades.

Para varios observadores, una de la consecuencias de esta “explosión” de fuerzas políticas con reconocimiento jurídico se verá en las elecciones regionales del próximo año, ya que todas estas 28 colectividades podrán entregar avales y competir para quedarse con un poquito de poder regional. Y, para las elecciones legislativas y presidenciales, podrán hacer lo propio para elegir congresistas o apoyar candidatos a la jefatura del Estado.

Aunque esta realidad puede ser interpretada como una apertura democrática hacia nuevas fuerzas políticas, también da cuenta de una multiplicidad de partidos políticos, algunos de los cuales, al parecer, solamente van tras los recursos de financiación que les da el Estado.