El Departamento Administrativo de la Función Pública reveló que con corte al 12 de julio de este año, solo 220.948 servidores públicos de entidades de los departamentos y municipios, es decir, el 63 % han diligenciado la actualización de su declaración de bienes y rentas. Este porcentaje no incluye a los servidores de alcaldías y gobernaciones.
En consecuencia, el 37 % restante no ha cumplido con esta obligación, que consiste en diligenciar el Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas que encontrarán en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II).
Los servidores deben reportar información relacionada con sus datos personales, obligaciones financieras, conformación familiar, bienes patrimoniales, así como, sus ingresos laborales y no laborales.
La entidad recalcó que es una obligación de todas y todos los servidores públicos realizar la declaración de bienes y rentas al ingresar a una entidad, durante su permanencia en ella y al momento de retirarse, como lo estipula la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015.
La declaración de bienes y rentas es un acto de transparencia que fortalece la relación entre el Estado y la ciudadanía, elemento esencial en la construcción de la Paz Total.
Gabinete
La semana pasada, la ahora exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pronunció una de esas frases que quedan inmortalizadas en la política: “Hubo un error de digitación”. Así justificó por qué eliminó de su formulario de declaración de bienes y conflictos de interés a su esposo, el cineasta holandés Sjoerd van Grootheest, quien en los últimos días recibió un contrato por 128 millones de pesos con el Gobierno. En 2022, cuando publicó su declaración, formato obligatorio para los funcionarios del Estado, Vélez relacionó a Van Grootheest como su esposo.
Sin embargo, el pasado 22 de junio modificó el formulario y allí apareció que no tiene esposo y las casillas en las que antes estaban los datos de su cónyuge aparecían en blanco. Ante el escándalo, la ministra solo atinó a decir: “Hubo un error de digitación”.
Lo sucedido con Vélez es solo la punta del iceberg de cómo buena parte de los miembros del gabinete y altos funcionarios del Gobierno se pasan por la faja la norma que los obliga a publicar y actualizar su declaración de bienes y conflictos de interés. La Ley 2013 de 2019 obliga a todos los funcionarios a diligenciar y publicar un formato en el que relacionen sus propiedades, ingresos, información de cuentas bancarias y posibles conflictos en los que se podrían ver inmersos. Esta declaración “será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo” y “deberá ser actualizada cada año”.
SEMANA revisó el reporte de cada uno de los ministros y altos funcionarios del Gobierno y el panorama es inquietante: ocho de los 19 ministros no han actualizado el reporte o tienen “errores de digitación” a la hora de diligenciar el formato. Es decir, el 40 por ciento de los miembros del gabinete están incumpliendo la norma.
Uno de los casos más llamativos es el de la vicepresidenta y ahora ministra de la Igualdad, Francia Márquez. A pesar de que la ley obliga a que se publique este documento para tomar posesión, solo lo hizo el 3 de febrero de este año, es decir, seis meses después de haber jurado como vicepresidenta. Y hubo un detallito: subió el formato en blanco.
Según constató esta revista, la vice solo diligenció sus nombres y apellidos y los datos de su esposo y dejó el formulario en blanco. Es decir, según ese reporte, no tuvo ingresos en 2022, no posee bienes, no tiene cuentas bancarias, ni deudas y tampoco tuvo ingresos. Si bien podría pensarse que, efectivamente, para el momento de su posesión como vicepresidenta, Márquez no tenía bienes, su declaración de renta indica un patrimonio de 96.956.000 pesos y deudas por 16.000.000 pesos.
Adicionalmente, a pesar de que antes del 7 de agosto Márquez no era funcionaria, resulta extraño que no reportara ingresos durante un año, especialmente cuando el representante Hernán Cadavid denunció que, según la respuesta a un derecho de petición que le envió al Departamento de Prosperidad Social (DPS), la hoy vicepresidenta recibió el subsidio de Ingreso Solidario hasta el 7 de julio de 2022. O sea, habría recibido al menos dos pagos por 380.000 pesos que, en todo caso, no aparecen en su registro de bienes y conflictos de interés.
Según el reporte del aplicativo de consulta ciudadana de Función Pública, Márquez corrigió dicho reporte el 4 de febrero, un día después de haberlo subido inicialmente. No obstante, allí nuevamente dejó el formato en blanco. El documento solo fue modificado por Márquez hasta el 29 de junio de este año, un día antes de tomar posesión como ministra de la Igualdad. Sin embargo, cuando se consulta el reporte, el sistema arroja un error y no permite visualizarlo.