Denuncian contrato millonario del Gobierno Petro para su defensa tras ser incluido en la lista Clinton con su familia

Este domingo, 11 de enero, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, compartió la grave denuncia realizada por el director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, Germán Ricaurte, y candidato a la Cámara de Representante por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, a través de su cuenta en la red social X, en la que sostuvo que existiría un contrato del Gobierno nacional con una firma extranjera, con el fin de defender al presidente Gustavo Petro y a su familia por la inclusión en la lista Clinton.

“Atención: la Presidencia de Gustavo Petro acaba de contratar a una firma de abogados por 10 mil millones de pesos para que lo asesore y defienda por su inclusión en la Lista Clinton (OFAC).¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal!“, señaló Ricaurte en sus redes sociales.

El candidato por el Nuevo Liberalismo a la Cámara de Representante por Bogotá manifestó que “esto es un completo abuso y desde la Unidad Contra el Gasto Hormiga hacemos un llamado al uso racional de los recursos públicos”.

De Bedout, por su parte, también denunció que “Gustavo Petro destinó $10.000 millones de recursos públicos para contratar una firma internacional con el objeto de asesorar y defender al presidente y su familia frente a eventuales actuaciones de la OFAC (lista Clinton)”.

Asimismo, indicó que habría un presunto desvío de recursos del Estado colombiano: “El uso de la contratación directa para atender un riesgo personalísimo del jefe de Estado es ilegal. Esto plantea una grave desviación del fin del gasto público”.

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Alejandro de Bedout también dio a conocer que este contrato se da a solo unos días de que comience la ley de garantías, previo a una jornada electoral presidencial.

“¿Desde cuándo los problemas personales y familiares del mandatario se pagan con nuestros impuestos? Esto es defensa estratégica y asesoría personal financiada con plata pública y merece control inmediato”, agregó.

A su turno, el profesor Martín Eduardo Botero, quien reside en Europa y es experto en derecho internacional, también reaccionó a esta denuncia haciendo varias preguntas.

“¿Con qué fundamento legal se comprometen 10.000 millones de pesos del erario para gestionar un asunto personal —su eventual situación ante OFAC— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’?”, dijo el académico.

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El docente también precisó: “Porque aquí está el nudo del problema: si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, explíquelo con precisión jurídica y pruebas. No hay tercera vía”.

La polémica por este contrato queda abierta, a la espera de que desde el Gobierno se expliquen los detalles de esta contratación, que habría sido realizada con recursos públicos para beneficios personales, según las denuncias conocidas.