El año que se viene para el presidente Petro: el Congreso y la Corte definirán el futuro de las reformas y tendrá que haber resultados con la ‘paz total’

El presidente Gustavo Petro lleva año y medio en la Casa de Nariño y a su Gobierno ya se le pasó el tiempo de hacer propuestas. En ese sentido, le llegó el momento de presentarles resultados a los colombianos que votaron por el “cambio” prometido en 2022. Con 18 meses en el poder, Petro cerró 2023 con una desaprobación del 66 por ciento de los ciudadanos y un respaldo de tan solo el 26 por ciento, según Invamer. Los números dan cuenta de algo: la luna de miel ya terminó.

El 2024 no pinta sencillo para el Gobierno Petro. En el Congreso están llamados a debatir las reformas y en cuestión de paz se hace imperativo conseguir avances reales con la guerrilla del ELN (como la terminación del secuestro) si se busca que esos diálogos concluyan en mayo de 2025, como lo prometió el mandatario. Además, el presidente enfrentará los desafíos de la inflación.

El Gobierno no podrá poner el espejo retrovisor por la subida en los precios al consumidor porque el presidente ha sido el responsable de la política económica de todo el año anterior: el que cerró con una inflación que mantuvo en aprietos el bolsillo de los colombianos.

La subida en los precios representa una tarea titánica para la economía del país, para la que desde ya se vaticina una puja por el incremento en los precios de los combustibles: los ministerios de Hacienda y Transporte venían amarrando el alza en los precios del diésel, pero ya anunciaron que en 2024 sí o sí subirán. Falta definir el esquema y los tiempos.

Y si los precios suben, se puede generar una nueva tensión social: taxistas y camioneros saldrían a protestar porque desde el año anterior los líderes de esos gremios le dejaron claro al Gobierno que sus bolsillos no aguantan un incremento más.

Mejor dicho: al Gobierno le va a tocar frenar el descontento social cuando ya ha usado la carta de las protestas para defender la agenda que no pudo destrabar en el Legislativo. Y en ese punto, la presidencia de Gustavo Petro sí que tendrá mucha tela por cortar.

Año de fuego para las reformas

Las reformas se tienen que decantar este año con el riesgo, incluso, de que se puedan hundir proyectos fundamentales para su administración, como la de la salud. Ese texto iniciará su trámite por la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria de esa Cámara Alta está a la espera de pasar dos debates. Si no lo consigue, tiene el riesgo de hundirse.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Toro advierte: “Este año vamos a tener un nuevo pulso. La oposición, que se quiere interponer a los grandes cambios de este país, y nosotros, que queremos ser coherentes y no claudicar ante las grandes transformaciones. Continuamos con la reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional; profundizamos las transformaciones en educación con la Ley Estatutaria y vamos a trabajar en el código minero”.

Pero el Gobierno tiene mucho por tramitar y poco tiempo para conseguirlo. La reforma laboral va en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara con posibles vicios de trámite, la pensional está pendiente de la ponencia en segundo debate, la de educación va para su segundo debate y la de los servicios públicos ni siquiera ha sido radicada.

Lo que apunta el representante Toro es que también tienen que agilizar el proyecto de ley sobre la restitución de tierras y el de la competencia justa en el sector financiero, que pretende dar más garantías a la economía popular y al sector cooperativo y solidario. Los cambios económicos que el Gobierno ha advertido, pero no ha ejecutado.

“Si el año 2022 fue el año en el que los partidos de la coalición de Gobierno respaldaron a Petro, el 2023 ha sido el año del desencanto para quienes respaldaron y ayudaron a elegir este Gobierno. El 2024 será el golpe de la realidad, lo que ocurre en violencia y materia económica cada vez será más difícil”, advierte el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

Paz y justicia: procesos que se destilan

Aprobar esas reformas es la prueba de fuego para que el Gobierno mantenga a sus seguidores en el bolsillo, pero que salgan adelante también le significa a la Presidencia el despertar de sus opositores, que tanto han advertido sobre los riesgos de estas iniciativas.

Por eso, el senador Motoa sostiene que ha pasado “año y medio del Gobierno del cambio y el presidente ha perdido capital político, no tiene la credibilidad necesaria para tener ese anhelo de la paz total, ni tampoco tramitar las reformas en torno a esa paz total. Proyectos de sometimiento va a ser muy difícil que se aprueben en el Congreso de la República”.

Y si de paz total se trata, la credibilidad de esa apuesta ante la opinión pública está por el piso. En diciembre, según Invamer, el 67 ciento de los colombianos dijo que la paz total va por mal camino y solo el 21 por ciento afirmó que va por buen rumbo. La apuesta es osada, si se tiene en cuenta que los contactos con las disidencias de las Farc (las del Estado Mayor Central y las de Iván Mordisco) persisten, pese a que esos grupos siguen delinquiendo.

En ese punto, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay señala: “La paz total de Gustavo Petro fracasó. Los colombianos hoy viven con miedo ante la violencia creciente, los problemas de orden público, los bloqueos en vías nacionales, el aumento de todos los delitos y, en especial, el asesinato de líderes sociales, las masacres y los asesinatos de policías. Para que haya paz y tranquilidad es necesario tener una política de seguridad que hoy es inexistente en el Gobierno. Gustavo Petro amarró de manos y pies a la fuerza pública y empoderó a los criminales. Su agenda de impunidad solo profundiza la violencia y pone en riesgo la vida de los colombianos”.

Y si se habla de presuntos delitos, la cereza del pastel que definirá el futuro del Gobierno Petro en 2024 será el proceso judicial contra su hijo Nicolás Petro, que está en curso en la Fiscalía por el dinero que este recibió de Gabriel Hilsaca y de Samuel Santander Lopesierra, el exnarcotraficante conocido con el alias del Hombre Marlboro, para la campaña.

El hijo del presidente es imputado por la Fiscalía y el proceso judicial promete acaparar la atención de la opinión pública. Asimismo, en 2024 se definirá si avanzan los procesos en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El nuevo año promete ser muy intenso para la Casa de Nariño.