El informe presentado por el empalme anticorrupción del presidente Abelardo De La Espriella a los organismos de control con los hallazgos del gobierno anterior de Gustavo Petro tiene detalles escandalosos. SEMANA conoció el documento que promete levantar el velo de la contratación del expresidente.
Una de las alertas tiene que ver con RTVC, la entidad que fue gerenciada por Hollman Morris. Según encontraron desde ese equipo de empalme, el sistema de medios públicos “duplicó contratos ya firmados; y se encontraron adiciones de hasta el 119 % más del valor inicial.
Uno de los hechos más reveladores es que encontraron que, en los últimos seis días de gobierno antes de dejar el mandato, se firmaron 230 contratos por un valor de 11.665 millones de pesos.
Según detallaron, los contratos fueron firmados entre el 1 y el 6 de agosto, antes de dejar el poder; de esos, 224 corresponden a personas naturales.
“En los contratos misionales de RTVC, regidos por el derecho privado, lo decisivo no es superar el umbral del 50 %: es que cada adición esté individualizada, soportada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar y explicada frente a lo que se planeó”, reclamaron desde el equipo de empalme.
Según detallaron desde el Gobierno de De La Espriella, la Contraloría General encontró que en RTVC se habría dado una presunta incidencia disciplinaria en un patrón de adiciones que “superó” ampliamente el valor inicial en cinco contratos.
El caso más alarmante tiene que ver con una interventoría contratada en 2025, que pasó de 2.342.334.238 pesos a 5.146.864.213 pesos, es decir, tuvo una adición del 119,73 %, mayor a lo pactado inicialmente.
Según dijeron, esto podría ser reiterativo en otros contratos. Por ejemplo, el contrato 3316, firmado el 29 de diciembre de 2025 por 3.448.725.386 pesos, demostraría cómo opera ese patrón.
En ese caso, la primera solicitud de adición llegó trece días después de la firma y, en menos de dos meses, el contrato creció a 3.800 millones de pesos, es decir, un 110,19 % de su valor inicial, hasta llegar a cerca de 7.200 millones de pesos.
Los argumentos que encontraron para argumentar el aumento tampoco los convencieron. “Las modificaciones se justificaron por el agotamiento de la bolsa de recursos, la continuidad del servicio y compromisos con clientes y nuevos proyectos; sin embargo, varias de las actividades invocadas eran conocidas o razonablemente previsibles desde la planeación”, reclamaron desde el equipo de empalme.
El equipo de empalme reclamó en el documento que las adiciones de gran magnitud pueden convertir un contrato en una vía para ejecutar recursos superiores sin abrir un nuevo proceso de selección.
“Cuando las necesidades eran previsibles, esto reduce la transparencia y la posibilidad de obtener mejores ofertas, y aumenta los riesgos de sobrecostos, litigios y observaciones fiscales y disciplinarias”, dijeron desde ese equipo.