SEMANA conoció en exclusiva el informe que presentará al país el equipo del “empalme anticorrupción” del presidente Abelardo De La Espriella en las próximas horas y en el que se hace una radiografía detallada de los hallazgos de la gestión del anterior gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los puntos más reveladores es lo sucedido en el sector salud, que deja ver la magnitud de las alertas que se hicieron en el anterior mandato.
Se encontró que se habrían girado recursos por más de 6,8 billones de pesos que, según el equipo de empalme, fueron girados “a ciegas”. “El Ministerio de Salud financió equipos básicos en salud durante cuatro años sin poder demostrar un solo resultado”, aseguraron desde el equipo de empalme.
Según detallaron, entre el último trimestre de 2022 y junio de 2026, se asignaron recursos por ese valor para financiar esos equipos, pero a la fecha la Superintendencia de Salud no se ha pronunciado sobre la ejecución de esos recursos.
“No existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención. El gobierno saliente puede decir cuánto gastó; no puede decir en qué cambió la vida de la gente”, denunciaron desde el equipo del Gobierno.
Esto importa porque los equipos básicos de salud, que son los médicos, enfermeros, entre otros, fueron una de las apuestas del expresidente Gustavo Petro para llevar atención primaria a varias regiones del país, especialmente a zonas rurales y apartadas.
“Un programa de $6,8 billones sin seguimiento en su ejecución e indicadores de impacto verificables no es una política pública, es una caja de gasto sin control ni rendición de cuentas”, reclamaron desde el equipo de De La Espriella.
Asimismo, dijeron que esa contratación es contraria a la realidad del sistema de salud cuando se reflejan retrasos en la prestación del servicio, incumplimientos en la entrega de medicamentos, entre otros.
“Mientras el sistema de salud se desangraba financieramente y millones de colombianos sufrían las consecuencias en la atención, el Ministerio comprometía billones sin realizar un seguimiento de su ejecución ni evaluar su impacto”, dijeron desde el equipo de empalme anticorrupción.
Otra denuncia que se hizo con relación al sector salud es que el 29 de diciembre de 2025, a tres días de cerrar la vigencia para ese año, el Ministerio de Salud viabilizó y asignó más de 2,2 billones de pesos para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria “sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra”.
Cuestionan que esta movida se haya hecho apresuradamente antes de la vigencia, sin los estudios requeridos, pero que no se hubieran girado recursos para pagarles a las EPS para prestar los servicios de salud a sus afiliados.
De otro lado, aseguraron que, según los datos de la propia Superintendencia de Salud, entre 2022 y lo corrido de 2026, se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos en las EPS intervenidas, de las cuales 645.794 corresponden específicamente a medicamentos que no se entregaron.