Uno de los sectores más impactados con el aumento del salario mínimo en un 23,7% es el de la vigilancia y la seguridad privada, que ha manifestado su preocupación frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro.
El mandatario colombiano, en varias ocasiones, ha acusado a las empresas de vigilancia de enriquecerse e incluso les envió un mensaje a las asambleas de copropietarios de propiedad horizontal, con el fin de que solo pagasen la inflación como aumento del servicio.
“Las asambleas de propietarios de propiedad horizontal, por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante. Tomen el índice de inflación como base. Rechacen cualquier empresa empresarial o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio”, manifestó el presidente en X.
Las empresas, que vienen arrastrando dificultades económicas por cambios en la contratación pública, emiten una alerta, advirtiendo que varias de ellas podrían resultar asfixiadas económicamente.
Juan Carlos Forero, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Seguridad, explicó en SEMANA que ellos se miden a través de tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia.
“Nosotros hemos acatado las tarifas que impone la Superintendencia de Vigilancia a través de una circular, producto de nueve decretos y una instrucción clara. Es el ente que nos vigila y nos obliga a adoptar esas tarifas”, dijo el líder gremial.
Y aseguró que los costos a los usuarios van “por encima de lo que quedó fijado en el salario mínimo”.
“Se incrementó el salario mínimo y el auxilio de transporte, pero nosotros debemos liquidar en nuestro sector un trabajo complementario. Horas extras y horas dominicales, que están reguladas por la última reforma laboral. Los costos han subido de manera considerable", manifestó Forero.
Con este peso, al ofertar sus servicios con solo un incremento de la UPC, las empresas temen por su supervivencia.
“Los empresarios tenemos criterios para acatar esa instrucción o no. La conclusión es que jurídicamente no podemos. Frente a los clientes que no nos puedan pagar las tarifas como lo ordena la Superintendencia de Vigilancia, tendremos que retirarnos de esos contratos y ofrecer los servicios a quienes nos puedan contratar con las tarifas establecidas”, agregó.
Y agregó: “Empezaríamos a incrementar el número de empresas con excedentes negativos en 2026, así como se han presentado excedentes negativos en los últimos tres años".
El “oligopolio” de la Bolsa Mercantil
En medio de las dificultades por el aumento del precio de sus servicios, Forero manifestó que en el sector público enfrentan cada vez más dificultades por los contratos a través de la Bolsa Mercantil, que adquiere servicios por características técnicas uniformes para entidades.
“La vigilancia no lo es. Los servicios de vigilancia física sí podrían ser contratados por bolsa, pero también se requieren medios tecnológicos”, explicó el líder gremial.
De esa forma, las empresas medianas exigen que se hagan licitaciones públicas, con el fin de que exista una libre competencia.
“La manera como la Bolsa Mercantil selecciona a los contratistas no cumple con requisitos de selección objetiva en Colombia”, agregó.
Y aseguran que en 2025 se contrataron 2 billones de pesos a través de la Bolsa Mercantil para seguridad, pero solo teniendo en cuenta solo el 6% de las empresas.
“Está privando a las 750 empresas de concursar. La Bolsa Mercantil tiene solamente un número reducido de intermediarios, quienes a su vez representan a 50 empresas del mercado. Las otras 700 nos quedamos por fuera de la posibilidad de aplicar. El año pasado se llevaron 2 billones de pesos en contratación. Se está creando un oligopolio", alertó.
Frente a esto, las empresas de vigilancia han radicado múltiples quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, a la espera de que se cree un sistema en el que todas participen en igualdad de condiciones.
Este lunes, 19 de enero, a las 9 de la mañana, las empresas de seguridad asistirán a una mesa de trabajo para discutir las tarifas de este año, convocada por la Superintendencia de Vigilancia. Ahí se ventilarán las preocupaciones del sector, cuyo panorama no mejora con la noticia del aumento del salario mínimo.
