En medio de una situación fiscal que provocó una declaratoria de emergencia económica, las entidades del Gobierno nacional siguen contratando.
Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático, denunció que el Sistema de Medios Públicos RTVC suscribió un contrato el pasado 15 de diciembre, con una duración de 16 días, por $ 2.863.600.000.
El contrato tiene como fin “la conceptualización, diseño, desarrollo, producción, implementación y operación de una experiencia inmersiva de las artes escénicas que integre museografía, tecnologías interactivas, arte digital, contenidos audiovisuales y mediación escénica, con el fin de presentar al público la evolución histórica del sistema de medios públicos en Colombia”.
Se trata de un contrato firmado con la empresa Performa S. A. S., de Barranquilla, que deberá hacer toda la puesta en escena de la experiencia en dos semanas.
Forero criticó al Gobierno nacional porque el contrato transcurre en momentos en los que se busca implementar nuevos impuestos vía decreto con fuerza de ley, que impactarán a los ciudadanos colombianos.
En plena “emergencia económica” @RTVCco se gasta $2.863 M dizque en una “experiencia inmersiva… con el fin de presentar al público la evolución histórica del sistema de medios públicos”.
— Andrés Forero CD (@AForeroM) December 23, 2025
A estos derrochones descarados se les cae la careta.
¡Quieren caja para las elecciones! pic.twitter.com/LrEWpfLmDc
“A estos derrochones descarados se les cae la careta. ¡Quieren caja para las elecciones!“, dijo el representante, quien aspira al Senado de la República por el uribismo.
En el decreto que declara la emergencia, el Gobierno señaló que los decretos con fuerza de ley serán “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos que buscan corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.
Además, expone las causas por las que se toma la decisión, entre ellas la “no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos sucesivos de ley de financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (12 billones) y 2026 (16,3 billones)”.
Pero el Gobierno defiende su responsabilidad fiscal, asegurando que “adelantó todas las medidas ordinarias a su alcance en materia legal y reglamentaria con el fin de generar los recursos necesarios para garantizar los derechos fundamentales a la salud, la protección de la población vulnerable, el acceso a servicios públicos, el cumplimiento de pago de los créditos judicialmente reconocidos y la garantía de seguridad, entre otros”.
La Corte Constitucional y el Congreso de la República se preparan para revisar la decisión, que desde la oposición ya es calificada como “inconstitucional”.
