Una investigación sobre la contratación estatal durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro reveló un aumento significativo en la nómina por prestación de servicios, lo que ha sido denominado como una nómina paralela.
De acuerdo con el análisis, el valor de estos contratos pasó de $ 12,1 billones en 2022 a $ 19,3 billones en 2025, lo que representa un incremento de $ 7,2 billones en tres años.
El estudio fue realizado por el investigador y experto en gestión pública José David Castellanos, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien examinó más de 105.000 contratos firmados en todos los ministerios, con base en la información registrada en las plataformas Secop I y II.
Según los resultados, el número de puestos vinculados mediante contratos de prestación de servicios aumentó de 11.851 a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados a través de distintas modalidades de contratación.
“En solo tres años, la contratación de servicios pasó de 11.851 puestos a 18.685, lo que equivale a cerca de 7.000 cargos creados mediante distintas formas de contratación discrecional”, advirtió Castellanos.
El investigador señaló que los recursos adicionales destinados a este esquema ascienden a $ 7,2 billones y que parte de estos contratos fueron otorgados tanto a personas naturales como a empresas contratistas del Estado. Esta cifra equivale a casi la mitad de los $ 16 billones que se solicitaban en la más reciente reforma tributaria.
El análisis también identificó incrementos relevantes en varios ministerios. En el Ministerio de Salud, la nómina paralela creció un 154 %; en Agricultura, 127 %; en Ambiente, 117 %; y en Trabajo, 285 %. El mayor aumento se presentó en el Ministerio de Cultura, donde el crecimiento fue de 1.985 % desde 2022, según los datos examinados.
Castellanos indicó que este aumento del gasto se ha sostenido mediante endeudamiento, uso de ahorros y compromisos a futuro. “Como la plata no alcanza, el Gobierno recurrió al crédito. Solo en enero de 2026 se realizó la mayor emisión de deuda externa de la historia, por 4.950 millones de dólares, que pagarán los colombianos con intereses”, afirmó.
Al comparar con el gobierno de Iván Duque, el estudio señala cambios en la duración de los contratos. Mientras que antes el 45 % tenía una vigencia de nueve meses o más, actualmente esa proporción es del 34,5 %.
En contraste, aumentaron los contratos de corta duración. “En la práctica, el Gobierno Petro reemplazó contratos estables por contratos temporales”, concluyó Castellanos.