POLÍTICA
Este es el plan de austeridad del Gobierno Petro para el 2024. MinHacienda publicó decreto con el que buscará reducir gastos
Se les pide a las entidades reducir costos en varios frentes, como evitar eventos, reparaciones, justificar los viáticos, evaluar esquemas de seguridad y hasta evitar las suscripciones.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, publicó el Decreto 0199 de 2024 por medio del cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para el año 2024 para las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Uno de los artículos hace referencia a la modificación de planta de personal, la estructura administrativo y los gastos que eso implica. Se aclara que solo se podrán hacer modificaciones cuando el ajuste no implique ningún gasto, a excepción de si generará un ahorro en la entidad, lo que requiere un concepto previo del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
Se aclara que se podrán hacer modificaciones que conlleven un gasto cuando sean consideradas como “prioritarias”, necesarias para el cumplimiento y las metas del Gobierno Nacional y que vayan en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, también se requiere concepto previo del Dapre.
“En todos los casos, las entidades deben obtener los conceptos técnicos favorables correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente aplicable y a los requisitos que las autoridades competentes determinen para estos trámites”, se aclara.
Otro artículo hace referencia a la contratación de personal, para lo cual también se exigirá una revisión previa en la que se expongan las razones que justifiquen la contratación. Y, agrega, que solo se podrán celebrar los que sean estrictamente necesarios para ayudar en el cumplimiento de las funciones y fines de la entidad, cuando esas actividades no puedan ser realizadas por el personal o cuando se requiera un conocimiento especializado con el que no se cuenta.
En el caso de las horas extras y las vacaciones de los funcionarios, se establece que se deberán adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento de pagos de horas extras y ajustarlas estrictamente a las necesarias.
Igualmente, en el caso de las vacaciones para los funcionarios públicos de la rama Ejecutiva, se menciona que se debe contar con un plan anual, se pide que no sean acumuladas ni ininterrumpidas y que solo pueden ser compensadas con dinero con previa disponibilidad presupuestal o retiro.
Para el caso de los arrendamientos de sedes, inmuebles, entre otros, se habla que se deberán implementar medidas que reduzcan el gasto y se menciona la posibilidad de privilegiar el teletrabajo en casos en que sea necesario.
El mantenimiento de los inmuebles deberá hacerse solamente cuando sean de manera preventiva y que no ponga en riesgo la integridad de las personas. El cambio de sede solo podrá ejecutarse en casos en los que no genere impacto en el presupuesto, cuando sea inaplazable la construcción de una sede, o cuando el edificio en el que se encontraba ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores.
“Las entidades deberán abstenerse de iniciar cualquier tipo contratación implique mejoras suntuarias u ostentosas, tales como el embellecimiento, el ornato, la instalación o acabados estéticos de bienes inmuebles”, dice el documento.
Asimismo, se pide la prelación de encuentros virtuales para que en la medida de lo posible sean mínimos.
Sobre los tiquetes aéreos de los funcionarios dice que deberán hacerse en clase económica o en una tarifa que no supere ese valor. Solo tendrán excepción los que estén debidamente justificados o que el vuelo tenga más de 8 horas de duración. Para eso también se necesitará previo concepto del Dapre. Cuando el funcionario haga parte de la comitiva del presidente o la vicepresidenta no habrá lugar a transporte.
Además, los gastos de viaje solamente se garantizarán cuando no estén cubiertos por una entidad que haya invitado.
En ese sentido, los viáticos tampoco se darán cuando otra organización sea la encargada de la manutención del funcionario, cuando sean asumidos parcialmente se reconocerá la diferencia. Igualmente, en los casos en los que el funcionario no pernocte en el lugar se dará el 50% menos del valor total de lo que se debería.
Las comisiones oficiales se avalarán solamente cuando sean estrictamente necesarias y corresponderá a las entidades documentar esto. Cuando se requiera salir del país el Dapre deberá expedir un certificado previo.
En el caso de los eventos también se pide privilegiar la virtualidad, el uso de espacios institucionales y racionalizar los refrigerios y almuerzos que se vayan a entregar.
Uno de los hechos que llama la atención del documento es que pide a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “realizar una revisión” a los esquemas de seguridad de funcionarios del orden Ejecutivo para “reducir” su conformación y hacer constante monitoreo de las horas extras. Se pide que se analice elementos como cámaras, entre otros dispositivos tecnológicos.
En el caso de los vehículos oficiales se dice que solo se podrán renovar cuando tengan más de 6 años de uso a partir de la matrícula del vehículo. Se aclara que no podrán estacionarse en vía pública y su uso debe ser exclusivo para sus funciones. Solo se podrán usar de lunes a viernes y el uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado.
En el caso de la publicidad estatal, se menciona que deberán abstenerse de celebrar contratos de promoción de las entidades del Gobierno “agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, adquirir revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales”.
Asimismo, en el caso de papelería y telefonía se habla de que se deberán privilegiar los medios digitales, reducir el consumo de implementos de oficina físicos y racionalizar las llamadas internacionales. Piden abstenerse de renovar teléfonos celulares y planes de datos. La única excepción es el tema de inteligencia y contrainteligencia quienes podrán seguir contratando estos servicios.
En el caso de las condecoraciones dicen que quedan prohibidas si generan erogación, a excepción de las Fuerzas Militares y de Policía.
También piden racionalizar los estudios que se requieren y si realmente son necesarios.
Igualmente, piden implementar sistemas de reciclaje, aprovechamiento de aguas entre otras medidas en materia ambiental. Se habla de que se realizarán informes periódicos para ver si se está cumpliendo con los objetivos.