El Gobierno nacional decidió abrir uno de los archivos más sensibles de la historia reciente del país. Con la expedición del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, el Ejecutivo ordenó el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN).
La decisión no es menor. Se trata de un fondo documental que reúne décadas de información producida por el antiguo organismo de inteligencia del Estado, liquidado en 2011 en medio de escándalos por seguimientos ilegales, interceptaciones y persecuciones políticas.
Desde entonces, esos archivos han permanecido bajo estrictas medidas de reserva y custodia, en buena parte por órdenes judiciales y por su potencial impacto en procesos de justicia transicional.
El decreto establece que esos documentos podrán ser consultados públicamente, pero no de manera inmediata ni indiscriminada. Antes, deberán pasar por un proceso técnico de intervención archivística, digitalización y anonimización, con el fin de proteger datos personales, fuentes sensibles y cualquier información que pueda comprometer la seguridad nacional o la vigencia del régimen democrático.
Según el diagnóstico oficial, el fondo del DAS está compuesto por más de 57.000 cajas físicas y cerca de 48.000 medios electrónicos y analógicos, una dimensión que da cuenta de la complejidad del proceso de apertura. Por esa razón, la consulta se hará de forma gradual, con avances que deberán ser publicados al menos cada seis meses.
El decreto recoge de manera explícita las órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha insistido en el valor probatorio de estos archivos para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos y para la reconstrucción de patrones de persecución estatal en el marco del conflicto armado.
La responsabilidad del proceso recaerá en dos entidades clave: el Archivo General de la Nación, que mantendrá la custodia y garantizará la integridad de los documentos, y la Dirección Nacional de Inteligencia, encargada de la anonimización de la información. La Procuraduría ejercerá vigilancia preventiva sobre todo el procedimiento.
En el decreto se establece que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Archivo General de la Nación deberán elaborar un plan de trabajo que incluya protocolos, cronograma, presupuesto, etapas de intervención archivística y procesos de anonimización, para la desclasificación y el levantamiento de reserva de los archivos.
Para la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo se garantizará la participación efectiva de la sociedad civil y partes interesadas, quienes podrán formular observaciones, recomendaciones y propuestas orientadas a fortalecer los procesos de intervención archivística con enfoque en la garantía a los derechos a la verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición.
Con este decreto, el Estado abre, por primera vez de forma estructurada, un archivo que durante años fue señalado de guardar información clave para desenredar la historia reciente del país. El reto ahora será que esa apertura contribuya realmente a la verdad y no se quede solo en un gesto administrativo.