El presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una estrategia para poner orden en las prisiones que administra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este fin de semana hubo traslados, revisiones de celdas y movimientos que incomodaron a los “reclusos poderosos” en diferentes regiones del país, quienes gozaban de beneficios VIP.
El primer operativo se adelantó en Buenaventura, donde los condenados y sindicados se burlan de los guardianes para seguir delinquiendo detrás de las rejas. Las autoridades tienen evidencia de que extorsionan a través de llamadas y lideran estructuras criminales que les roban el sueño a los habitantes de ese municipio del Valle del Cauca.
Frente a ese escenario, De La Espriella pidió trasladar a 120 hombres hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del país: “En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia. (…). Detrás de los muros manda la ley y el orden se impone sin titubeos”.
El segundo en sentir el rugido del Tigre fue alias Firu, el hombre que comanda a las disidencias de las Farc en Antioquia y que, según el gobernador Andrés Julián Rendón, estaría usando su teléfono para comunicarse con sus tropas. Entre tantas cosas, se reveló que estaría haciendo videollamadas con su subalterno, alias Primo Gay y aparentes transmisiones en TikTok.
El jefe de Estado no tardó en reaccionar: “Señor director del Inpec, en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias Firu, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”. El Instituto aisló al disidente y espera ubicarlo en otro penal del país.
El tercero objetivo de Abelardo De La Espriella este fin de semana fue el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien cumple una condena de 21 años y siete meses de prisión por corrupción. Hasta la noche del sábado, 18 de septiembre, estaba recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Cali, donde estaría viviendo sin muchas restricciones.
Así lo reveló el presidente a través de su cuenta de X: “Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía, participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado Ordené personalmente su traslado”.
El mandatario agregó que el exgobernador simuló un episodio cardíaco y terminó en una clínica: “Di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad. Anoche, a las 11:30 p. m., fue trasladado a la cárcel de Villahermosa. En la patria milagro nadie está por encima de la ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”.
Estas apenas son las primeras medidas que se adoptarán en la administración de las cárceles que administra el Inpec. El ministro de Justicia, Iván Cancino, en conversación con SEMANA, comentó que se están diseñando pabellones especiales para aislar a los peores delincuentes y que el plan piloto se adelanta en la prisión de Girón, en Santander; además, se está conversando con el sector privado para construir, al menos, diez mega cárceles.
No solo eso. Cancino informó que se está estudiando la viabilidad de un buque cárcel: “Se está estudiando el tema, se está buscando la zona adecuada”. En ese espacio terminarían los peores delincuentes de Colombia: “Los peores y los que delinquen. Una persona que siga delinquiendo, que siga generando zozobra, ordenando homicidios. Yo sí les pido a los señores jueces que tengan en cuenta si es mejor proteger a toda la sociedad o permitirle al señor que los familiares lo visiten cada ocho o cada 15 días. Va a ser excepcional, va a ser para un grupo de personas que sigan generando delincuencia”.
Las decisiones tomadas por De La Espriella gozan de respaldo de varios sectores políticos. Por ejemplo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, mostró satisfacción por los movimientos en las guarniciones militares: “Esta medida administrativa reafirma que nadie está por encima de la ley, garantiza el cumplimiento de los reglamentos de reclusión y fortalece los principios de transparencia e igualdad en el sistema penitenciario”.