La Fiscalía General de la Nación informó que mantiene un dispositivo institucional de seguimiento a la jornada electoral con el propósito de atender denuncias sobre posibles delitos contra los mecanismos de participación democrática y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier irregularidad reportada en el país.
De acuerdo con el balance entregado por la entidad durante el desarrollo de las votaciones, cerca de 8.000 servidores, entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de apoyo, fueron desplegados en las 35 seccionales del territorio nacional para monitorear el proceso electoral.
Según el reporte oficial, al cumplirse la primera mitad de la jornada, se habían realizado tres capturas por conductas relacionadas directamente con las elecciones.
Los casos corresponden a un ciudadano que presuntamente intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio (Meta), una persona que habría tratado de votar utilizando la identidad de otro ciudadano en Inírida (Guainía) y un hombre señalado de destruir una urna electoral en Valledupar (Cesar).
La Fiscalía indicó que estas actuaciones hacen parte de las acciones de control desplegadas para proteger la transparencia del proceso democrático y prevenir hechos que puedan afectar el ejercicio del derecho al voto.
Adicionalmente, la entidad reportó la captura de 31 personas que tenían órdenes judiciales vigentes por diversos delitos. Entre las conductas investigadas figuran secuestro, homicidio, delitos sexuales, extorsión, violencia contra servidor público, abigeato y fuga de presos. Los procedimientos fueron ejecutados en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.
Otro de los hechos reportados ocurrió en el municipio de Cantagallo, Bolívar, donde unidades del Ejército Nacional incautaron 114 millones de pesos que eran transportados por tres personas en una camioneta.
Frente a este caso, la Fiscalía señaló que la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos adelantará las verificaciones correspondientes para establecer “el origen y eventual destino de los recursos”.
La entidad también confirmó que grupos de policía judicial verifican información relacionada con una presunta intimidación a jurados de votación en Ricaurte, Nariño. Según el reporte, las amenazas habrían sido realizadas por integrantes de una estructura armada ilegal.
“La situación también fue puesta en conocimiento de la fuerza pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral en el municipio”, informó la Fiscalía.
Finalmente, el organismo destacó que los mecanismos de identificación implementados durante la jornada permitieron ubicar a 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al voto en diferentes regiones del país.